El martes, cuatro policías fueron retenidos y golpeados durante varias horas por pobladores de cuatro comunidades de Villa Tunari, e incluso estuvieron a punto de ser linchados, pero gracias a la intervención de otros uniformados lograron ser liberados, junto a cuatro civiles.
¿Cuál fue su delito? Realizar un operativo en el que detuvieron a varios narcotraficantes e incautaron paquetes de droga. Empero, poco tiempo después los policías fueron interceptados por otros traficantes armados, quienes después de liberar a sus compañeros los entregaron a los pobladores para que se hagan cargo de ellos. Este incidente pone en evidencia el vínculo cada vez más estrecho que existe entre los traficantes de drogas y algunos de los pobladores del trópico de Cochabamba que se dedican al cultivo de la coca.
Si es que no queremos que en el país ocurran episodios tan macabros como el que sucedió recientemente en el estado mexicano de Guerrero, donde fallecieron seis personas y desaparecieron 43 normalistas a manos de sicarios que seguían órdenes de las autoridades locales, es de esperar que este hecho no quede en la impunidad. Y es que cuando un gobierno se manifiesta incapaz de garantizar y promover el Estado de derecho, surgen los cárteles, las pandillas, los linchamientos, los paramilitares y las autodefensas.
