La reforma de la administración de justicia transcurre en su impostergable hora. En el mensaje inaugural de su tercer mandato, el presidente Morales señaló que una de las prioridades de esta gestión será la ya anunciada “revolución judicial”. El renovado desafío surge de la comprobación de que la anterior “revolución”, asentada en la elección directa de las autoridades jurisdiccionales, fue un fracaso. Habrá que explorar, pues, otros/nuevos caminos. En el aprendizaje está el gusto.
Hoy la nueva bandera se llama referendo. Claro que como la sola elección popular de autoridades no garantizaba ningún cambio en la administración de justicia, un referendo por sí mismo tampoco será suficiente para resolver esta asignatura pendiente del proceso de refundación estatal en el país. Es como creer que el sufragio basta para tener instituciones sólidas y buenos gobiernos. O pensar que la legitimidad de origen (el voto) es suficiente para endosar la legitimidad de rendimiento (la gestión).
He sostenido —y sigo haciéndolo— que la elección directa de las principales autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional constituye, como principio, una saludable señal de ampliación democrática. El error no radica en el principio, sino en su realización. Sospecho que el problema no estuvo tanto en las urnas, que también registró problemas, sino en la fase de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El actual mecanismo constitucional de elección de autoridades jurisdiccionales establece una etapa, previa al voto, en la cual el Órgano Legislativo es responsable de seleccionar las candidaturas. Aquí anidó el error inaugural del innovador proceso. Este filtro, con arreglo a determinados requisitos establecidos en reglamento, se convirtió en aval para unas postulaciones y en muralla para otras. Con el agravante de que los méritos no necesariamente determinaron las listas de las y los (pre)elegidos.
Así, en la elección popular de octubre de 2011 la ciudadanía tuvo que “optar” entre lo ya predefinido, en unos comicios que tuvieron sus propias (grandes) limitaciones y dificultades: escaso conocimiento de las y los postulantes, falta de debate público, poca información sobre lo que se estaba eligiendo, desportillada legitimidad (que alentó el voto nulo), difícil modalidad del voto, confusa papeleta-sábana electoral… El sufragio, que debía ser la esencia del proceso, se convirtió en mera formalidad.
Demás está decir que, incluso si dichas elecciones hubieran sido impecables y realmente se lograba “elegir a l@s mejores”, ello por sí solo tampoco hubiera bastado para revolucionar la justicia, cuya crisis terminal tiene que ver menos con el cómo se eligen a sus autoridades que con problemas estructurales de antiguo persistentes. Es evidente que el impostergable/exigido cambio en el Órgano Judicial requiere una drástica reingeniería institucional, pero sobre todo una nueva cultura de saberes y de prácticas jurídicas en el marco del pluralismo jurídico.
¿El anunciado referendo será suficiente, como evento, otra vez, para resolver la terrible situación de la administración de justicia? Es claro que mal haríamos en tomarnos esta nueva “pócima” sin prevenciones. Más todavía si no se sabe si dicha consulta será para revocar a las actuales autoridades electas, modificar el mecanismo de su elección (lo que implica una reforma parcial de la Constitución), reformar plazos y procedimientos, o todo ello a su vez. La buena nueva es que el referendo —Evo dixit— estará precedido de una cumbre/comisión/propuesta.
Así las cosas, señorías del jurado, no puede sino asumirse en la agenda estatal, en el itinerario de la plurinación boliviana, en el debate público-mediático-político, que sin Justicia (con mayúscula), entre otras condiciones necesarias, difícilmente podremos hablar de refundación estatal y, más todavía, de una revolución democrática y cultural en Bolivia. Vale y corre.
