Dos hechos me llevaron a escribir esta columna. Escuchar una denuncia de un estudiante de derecho de la UMSA en la oficina de Transparencia de reciente creación, apoyada por sus principales autoridades de esta casa superior de estudios, ubicada en la Facultad de Derecho. El estudiante denunciaba el cobro en dinero de un ayudante por la inasistencia de los estudiantes a sus clases. ¿Así se inician los futuros abogados corruptos? ¿Cómo se procede en estos casos desde la administración académica? A lo mucho, si es que se pretende castigar el grave delito, se debería iniciar un proceso administrativo interno, muy al estilo del fuero militar, que al final no se sabe si la persona denunciada fue castigada o no.
Antes de abandonar la oficina citada, me di cuenta que había varios jóvenes que esperaban su turno para hacer otras denuncias. Al salir me pregunté, ¿en una carrera tan numerosa como Derecho parece que comienzan a aflorar las denuncias específicas que tanto se comentaban hace tiempo atrás en los pasillos?
Por otra parte, en la calle Potosí me topé con un grupo de mujeres y hombres que llegaron de alguna provincia del departamento de La Paz, quienes apostados en la vía y frente a la Fiscalía con pancartas y a viva voz acusaban de “corrupto” a un determinado administrador de justicia. En este último tiempo es común marchar, hacer bloqueos, hacer huelgas de hambre y apostarse frente a oficinas de la justicia por las profundas injusticias cometidas. Pero también es común oír de fiscales y/o jueces que no pagan el alquiler de sus viviendas y luego quieren justificar con argumentos distractivos; como también es común que algún exfiscal, a pesar de haber sido apartado de su cargo por corrupción, muestre gala de abuso y prepotencia, como dando a entender que aún está arrimado al poder… En fin, administrar la justicia en Bolivia se ha convertido en el negocio —mal habido— más rentable, y en una clara muestra de degeneración moral en el ámbito jurídico nacional.
No es exagerado decir que la Justicia boliviana, como institución, es cuasi una organización delictiva, donde los jueces, los fiscales, los administrativos ayudados por la Policía y el hampa han hecho una trilogía empresarial difícil de derrotar. Está claro que quedan muy pocos jueces y fiscales probos, como es tan escaso hallar policías honestos. ¡Ésa es nuestra triste realidad…!
¿Qué hacer frente a esta catástrofe institucional? No solo el Estado Plurinacional tiene la obligación de intervenir al Órgano Judicial, sino también la sociedad. Esta decisión supone empezar de cero, diseñar una nueva administración de Justicia.
¿Cuáles serían las nuevas bases de la nueva administración de la Justicia? ¿Se insistirá con “jueces honestos” bajo la lógica actual? La justicia comunitaria puede ser interesante como punto de partida, pero creo que es insuficiente para resolver asuntos del Estado y para enfrentar el acecho gansteril del momento.
¿Se insistirá en la mayor capacitación de jueces mediante una escuela? Creo que todos los parches experimentados fueron derrotados y son un fracaso. De una vez hay que cerrar a la institución de justicia y plantearse otra institución, donde el Estado y la sociedad garanticen la transición a una administración plural. Hay que superar la visión de conflictividad permanente de la actual lógica del derecho que nos administra justicia.
Janiwa akch’as walikiti kamachi apnaqirinakaxa. Jach’a lunthat jaqinakatakiwa, uka thakhir irpatawa, ¿janicha ukhama?
Es aymara boliviano, doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos y docente en la UMSA.
