Una reciente investigación de la Red Hábitat advierte que muchos vecinos del Distrito 7 se ven obligados a comprar agua extraída de pozos y/o ríos, extremo que La Razón pudo constatar luego de un recorrido por ese barrio de la urbe alteña. De acuerdo con los vecinos, el llenado de un turril, que les dura hasta cinco días si no utilizan el líquido elemento para obras civiles, les cuesta Bs 15, y son dos las cisternas que proporcionan este (ilegal) servicio, cuando los vecinos lo solicitan por medio de llamadas telefónicas.
Como es de suponer, la ingesta de esta agua extraída de ríos y pozos constituye un serio peligro para la población, pues además de peligrosas bacterias que producen enfermedades como la hepatitis o la salmonelosis, pueden contener agentes contaminantes de las empresas que dese-chan sus residuos sin tratamiento, como el mercurio, el plomo o el arsénico.
Conscientes de estos riesgos, los vecinos prefieren recolectar el vital elemento de las precipitaciones, cavando pozos y colocando barriles. No obstante, este método de supervivencia solo les sirve durante la época de lluvias, y se ven obligados a llamar a las cisternas cuando las lluvias no aparecen. Una lamentable realidad que pone en evidencia la necesidad de ejecutar proyectos de riego y de dotación de agua potable a lo largo y ancho del país.
