La propuesta del Gobierno heleno que ha generado mayor ansiedad en la eurozona es la renegociación de la deuda griega de $us 293.000 millones, equivalente al 176% de su producto interno bruto (PIB), cuando el promedio en la zona del euro es de 92%.
La propuesta no solo es una mera extensión del programa de rescate, como proponen los socios del eurogrupo, por un monto de $us 270.000 millones que vence el 28 de febrero, sino que además consiste en un crédito puente o temporal hasta agosto de este año, que solucione las necesidades de corto plazo, mientras se busca una solución de largo aliento.
El propósito del planteamiento griego es lograr una reestructuración de la deuda que contemple, por un lado, un cambio en las condiciones de austeridad del paquete de rescate exigidas por la troika —la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)— puesto que esta política ha tenido resultados desastrosos en el crecimiento, en el empleo y la pobreza. Y, por otro lado, se trata de renegociar el 30% de las obligaciones griegas, esto pese a que Alexis Tsipras, antes de ser elegido primer ministro, había planteado durante la campaña electoral una reducción significativa del monto adeudado, una mora en los pagos de la deuda y una cláusula mediante la cual el pago de la deuda restante quede sujeto al crecimiento económico y no al presupuesto griego.
Si bien el primer ministro Tsipras ha dicho que Grecia no tiene planes de declararse en cesación de pagos (o default) ni tampoco busca retirarse del euro, el inicio conflictivo de las conversaciones con las autoridades financieras y jefes de Estado de la Unión Europea y el ultimátum hasta este viernes 20 para que Grecia acepte la extensión del rescate trastocó mi optimismo inicial, aunque todavía creo en una salida intermedia.
Resulta que desde el punto de vista económico no hay ninguna evidencia empírica que valide la efectividad de los programas de ajuste recesivo del FMI en el mundo. Incluso la propia Oficina de Evaluación Independiente (IEO, por sus siglas en inglés) del FMI, en su informe de noviembre de 2014 titulado La respuesta del FMI a la crisis financiera y económica señaló que: “Estos casos, que no son aislados, ponen de manifiesto el problema recurrente de si los problemas fiscales de largo plazo y los estructurales pueden abordarse de forma eficaz mediante la condicionalidad durante una crisis”. El documento añade: “El llamamiento a la consolidación fiscal (léase austeridad) demostró ser prematuro, puesto que la recuperación resultó ser modesta en la mayoría de las economías avanzadas y efímera en muchos países europeos. La combinación de políticas que se recomendó no fue la adecuada (…) Además, la política fiscal habría estimulado la demanda de forma más eficaz y podría haber permitido una política monetaria menos expansiva”. Finalmente concluye con algo que siempre reclamamos en Latinoamérica: “El FMI no adaptó lo suficiente su asesoramiento a los distintos países a las circunstancias individuales de cada uno y su acceso al financiamiento a la hora de recomendarles expansión o consolidación (léase recesión)”.
La recomendación de su propia oficina fue que el FMI debe “salvaguardar la independencia de la institución y garantizar el trato uniforme de todos los países miembros”, y esto es justamente lo que no se observa cuando Christine Lagarde, quien parecía una activista más que la directora gerente del Fondo Monetario, proclamó excitada que el equipo del FMI había alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Ucrania de un nuevo programa económico de reformas que podría ser sostenido por el Servicio Ampliado del Fondo de $ 17.500 millones. Ojalá que midan con la misma vara a la democracia griega que, como dijo el poeta Dylan Thomas, “resolvió rebelarse contra la muerte de la luz”.
Es expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB).
