Como es bien sabido, el peaje que recauda Vías Bolivia para la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se destina al mantenimiento de las vías asfaltadas nacionales. Sin embargo, el monto recaudado es insuficiente para sufragar los costos de mantenimiento de las carreteras interdepartamentales del país, y en días pasados se ha mostrado incluso polémico.
Es el Gobierno central el que subvenciona el mantenimiento de las carreteras interdepartamentales, mediante el Tesoro General de la Nación. Anualmente la inversión en carreteras, ya sea en construcción de nuevas vías o en la refacción de las ya existentes, le cuesta al país más de $us 700 millones, mientras que la recaudación por peajes apenas supera los $us 50 millones.
Por otra parte, el Estado ha incrementado sustancialmente la cantidad y calidad de las vías departamentales, con más de 3.800 kilómetros asfaltados en los últimos años. Una muestra reciente de este esfuerzo ha sido la inauguración de la Doble Vía La Paz-Oruro, que ha reducido bastante los tiempos de transporte entre estos dos departamentos.
Una proyección de los datos del INE (datos no siempre actualizados) indica que las carreteras bolivianas han pasado de soportar una carga de 6 millones de toneladas en 2009 a 7,8 millones de toneladas en 2013. La cantidad de viajes también se ha multiplicado y, actualmente, tenemos más de 80 millones de pasajeros al año que viajan por carretera en las redes troncal y complementaria de nuestro país.
La inversión estatal en carreteras, con todas las limitaciones que pueda tener, representa un esfuerzo colectivo del país para mantener el paso de las crecientes necesidades de circulación de personas y mercancías. Lo justo es que todos contribuyamos a ese esfuerzo, pagando los peajes que corresponden.
No obstante, pese a la palpable mejora en calidad y cantidad de las vías, el poderoso gremio del autotransporte se ha negado una vez más a cubrir su responsabilidad, al forzar una pausa en la reciente decisión de incrementar los peajes en las carreteras nacionales. Este antecedente es nefasto para el país, pues nos demuestra una absoluta falta de compromiso de ese gremio en relación al esfuerzo estatal en materia de carreteras, en particular si se considera que el peaje constituye una fracción mínima de la estructura de costos de cualquier empresa de transportes.
El mensaje es, por tanto, que el transporte es un sector que no permite ningún tipo de regulación estatal. Si no se puede tocar el monto del peaje, mucho menos se puede esperar que el Estado pueda cambiar las deplorables condiciones del servicio de transporte de pasajeros, que en el país está sujeto a la escasa voluntad de mejora de las empresas del rubro y a su imperativo de minimizar costos siempre a costa de los usuarios o del Estado.
