Si la cumbre “Sembrando Bolivia” está basada en la ampliación de la frontera agrícola en vez de priorizar la eficiencia productiva, lo que realmente sembrará serán desastres.
La producción de soya y ganado ha ocasionado más del 80% de la deforestación en la Amazonía, ocasionando graves desórdenes climáticos que se convierten en desastres cada vez más frecuentes. Ante esta amenaza, el Gobierno creó la Ley 337 que obliga a ganaderos y agricultores a reforestar el 10% de tierras desboscadas entre 1996 y 2011. Pero lo hizo en tiempos de pose ecologista, cuando creía en los derechos de la Madre Tierra.
Actualmente, los grupos agropecuarios del oriente no solo rechazan la obligación de reforestar una superficie equivalente a 150.000 hectáreas, sino que aprovechan los titubeos gubernamentales para lograr la aprobación del desbosque de 300.000 hectáreas adicionales, con eufemismos como “expansión organizada y planificada de la frontera agrícola a través del manejo integral y sustentable de los bosques”, y pretextando el cumplimiento de la función económico-social.
Lejos de adoptar una mentalidad basada en la eficiencia y en la adopción de tecnologías modernas para reducir la dependencia de recursos no renovables, las autoridades vacilan irresponsablemente en permitir su utilización, atendiendo a charlatanes más que a científicos. En un tono similar, los productores reclaman la apertura al uso de biotecnología, pero se cierran a adoptar innovaciones para hacer más eficiente la ocupación del territorio, como los sistemas agroforestales, el pastoreo racional voisin, el manejo integrado de plagas o los planes integrales de manejo de suelos.
Por todo esto, la situación agropecuaria nacional acaba siendo una combinación perversa entre desastres e incapacidad de aplicación de tecnologías. Si una región se inunda normalmente todos los años (llanos de Moxos y el Pantanal), y ante estas crecidas anuales predecibles no se aplican prácticas adecuadas de producción, cuando llega la sobreinundación ocasionada por la deforestación en la cuenca alta de los ríos que la surcan el desastre es total. Si otra región es de sequía periódica predecible (Chaco) ante la que no se han desarrollado estrategias (estudiando mejor las fuentes de agua subterránea que afloran en vertientes cada verano, para adoptar sistemas de riego tecnificado y tecnologías de cosecha y conservación de agua), cuando llega una sequía extrema las pérdidas son cuantiosas.
Esta dinámica de considerar problemas a lo que son realidades es consecuencia de la errática política de desarrollo agropecuario, que en cada gobierno fragua una entidad de tecnología agropecuaria. Nuestros vecinos cuentan con entidades eternas de investigación, transferencia tecnológica y extensión agropecuaria, mientras nosotros seguimos creando bastiones de transfugio político y de improvisación permanente.
Ante este panorama caótico solo quedan pocas alternativas para llamar la atención. Una de ellas es la conciencia ciudadana bien informada, para que exija ciencia y alimentos cuya producción no dependa de la demolición de bosques. Otra es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que con documentos como La larga sombra del ganado recuerdan al mundo que la pecuaria y sus derivados pueden acabar con el planeta. Y otra es la ley de los derechos de la Madre Tierra, que insta a “reconocer que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad de regenerarse, y que la humanidad tiene límites en su capacidad de revertir sus acciones”.
