Durante toda la semana hemos escuchado con preocupación cómo, luego de denuncias de corrupción, el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) ha sido intervenido y se enfrenta a una reestructuración profunda.
El Fondo Indígena se creó con el mandato de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien a los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas de Bolivia. Recibe 5% de la renta petrolera y en los últimos nueve años financió cerca de 1.000 proyectos a ocho organizaciones sociales de los nueve departamentos de Bolivia.
Según información proporcionada por la Fundación Jubileo en un estudio realizado en 2011, el 51% de su presupuesto está destinado al sector agropecuario. Un segundo sector favorecido por los proyectos, con un 16%, corresponde a la gestión de recursos hídricos. El tercer sector en importancia, con el 15%, es el fortalecimiento de organizaciones mediante la capacitación y formación sindical. La propuesta de proyectos que generen valor agregado y fomenten el aparato productivo está en cuarto lugar, con solo 12% del presupuesto general.
La prensa refleja que, a pesar de que se desembolsaron Bs 503 millones en los últimos cuatro años, muy pocos de los 894 proyectos fueron culminados. Del resto se desconocen su estado y las causales para la demora en su ejecución, pese a tener incluso transferido el monto total de inversión. Según la Contraloría, los casos con mayor observación son 153 proyectos que no se iniciaron además de 269 proyectos inconclusos.
Quien conoce el funcionamiento institucional del Fondo Indígena podría prever que estamos frente a la crónica de un fracaso anunciado. A pesar de conocer la poca experiencia de las organizaciones ejecutoras y beneficiarias en el manejo de recursos y gestión de proyectos, el Fondioc no ha previsto un correcto acompañamiento técnico y financiero.
Desde hace varios años sabemos que el diseño de gobernabilidad del fondo así como la gestión de sus procesos son inadecuados, pero no se hace nada para resolverlos. Basta decir que para su administración solo se destina el 4% del total, lo que es absolutamente insuficiente. Con estos recursos, el Fondioc solo cuenta con una oficina en La Paz, operando con absoluta centralidad y generando una marcada inequidad en el acceso territorial de esta política. La carga de trabajo ha sobrepasado las capacidades de un equipo técnico y administrativo muy reducido y fluctuante. Esto ha influido en la escasa capacidad de ejecución del fondo que en promedio tan solo alcanza a colocar el 66% de su cartera de proyectos.
A todo esto se suma un directorio que claramente es juez y parte de las decisiones y que no podría hacer una gestión transparente si sus propios asociados son los beneficiarios. Este inapropiado manejo queda de manifiesto ante el hecho de que Joel Guarachi, representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fue inhabilitado luego de presentar denuncias de hechos de corrupción.
El Fondo Indígena es resultado de un largo proceso de lucha, reivindicaciones sociales y alianzas de los pueblos indígenas y comunidades campesinas para mejorar su situación de pobreza. Lamentablemente son pocos los casos de proyectos aprobados que tienen una visión de desarrollo a largo plazo, basada en actividades productivas y creación de empleos permanentes, vinculados a un plan de desarrollo. Que esta intervención sea una oportunidad aprovechada para hacer de este fondo un verdadero instrumento del desarrollo nacional.
