El jueves 11 de febrero se reunió por primera vez el Consejo Nacional de Autonomías. Uno de los principales puntos a tratar en ese encuentro es el pacto fiscal, el cual se refiere a la distribución de los recursos del Estado entre sus diferentes niveles de gobierno. Al respecto, la creencia de que los recursos serán asignados en función de la cantidad de la población está altamente generalizada, incluso entre algunos intelectuales. Sin embargo, debe ser una ley la que establezca tal distribución de recursos, con base en criterios de equidad (Ley Marco de Autonomías, art. 114.VII y Disposición Transitoria 17°).
De acuerdo con la Ley 031, se tenía un plazo de seis meses luego de publicados los datos oficiales del censo 2012 para que el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) elabore y entregue al Consejo Nacional de Autonomías una propuesta técnica de diálogo para el pacto fiscal; plazo que concluyó el 30 de diciembre de 2014.
Según establece la Constitución Política del Estado (CPE), esta propuesta tiene que elaborarse tomando en cuenta que la distribución de los recursos no debe ser definida únicamente de acuerdo con la cantidad poblacional de los territorios, sino además con base en: a) La carga de competencias asignadas a cada nivel de gobierno, en función al costo administrativo y operativo en su ejercicio (art. 305). b) El grado de necesidades de desarrollo de las jurisdicciones de gobierno, determinada con base en datos oficiales, aplicando la equidad en función a la población y a las condiciones en que vive esa población (arts. 306, 316, 330, 313). c) Y la capacidad competencial para generar recursos propios, mediante las distintas formas de recaudación de cada nivel gubernamental.
Por todo ello, para ser objetiva la propuesta del Servicio Estatal de Autonomías debe estructurarse sobre la base de un estudio previo de cuánto cuesta ejercer cada una de las competencias asignadas a cada nivel de gobierno, y sobre cómo están distribuidas las necesidades de desarrollo en todo el territorio nacional, con base en los datos del Censo 2012, considerando además que no todos los gobiernos locales tienen la misma capacidad de recaudación.
En efecto, en las ciudades hay mayor potencial impositivo para recaudar que en áreas rurales. En estas últimas la base impositiva es casi nula, por lo que dependen en gran medida de los recursos transferidos del nivel central para invertir en su desarrollo.
Al considerar las necesidades de desarrollo, sin mucho esmero podemos afirmar que todas las regiones las tienen. Por ello, para aplicar el criterio de equidad, es imprescindible jerarquizar tales necesidades en niveles de prioridad, ya que, por ejemplo, no es lo mismo necesitar una cancha de fútbol que agua potable. Unas necesidades son más primordiales que otras, y el proceso de gestión debe resolver primero las básicas, para luego preocuparse por las necesidades de segundo nivel, luego el resto. Con lo cual, según aspira el espíritu de la Constitución, se lograría la anhelada igualdad de oportunidades y Bolivia realmente dejaría de ser un país pobre.
A la conclusión del pacto fiscal se debería también operativizar el criterio de equidad para invertir los recursos adecuadamente, a fin de resolver las necesidades de desarrollo, tal como manda la Ley 031 (art. 111.III). Esperemos que los miembros del Consejo Nacional de Autonomías tomen en cuenta este acertado criterio de distribución de recursos establecido por nuestra CPE, y así poder erradicar efectivamente la pobreza del país.
Es experto en Desarrollo Público, Participación y Autonomías.
