S emanas atrás el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó el proyecto para el año fiscal 2016, que se inicia el próximo 1 de octubre. El programa contempla un gasto de $us 3,99 billones y $us 3,53 billones de ingresos, con un pronóstico de déficit de $us 474.000 millones. Claro que el Premio Nobel de la “Paz” no se olvida del armamentismo. Para el Pentágono solicita $us 585.300 millones, 4% más que en el ejercicio actual. Pregunto, ¿cuántos marginados podrían mejorar sus vidas con este dinero?
Según Obama, se incluirá un incremento de los impuestos para los más ricos —1% de los estadounidenses— y una mejora de los ingresos para la clase media. En conjunto, el proyecto representa un aumento del gasto público del 7% sobre los niveles fijados por los recortes automáticos, conocidos como “secuestro”, que entraron en vigor en marzo de 2013 para reducir el déficit. Entre otras cosas, el Presidente de Estados Unidos pretende financiar un plan para que sean gratuitos los dos primeros años de community college —centros públicos de educación superior— y otros gastos en materia sanitaria.
Las intenciones parecen muy buenas, siempre los políticos se encargan de que lo parezcan, pero el resultado final es inverso, como suele suceder con las acciones represivas, tales como la imposición de cargas fiscales utilizando el monopolio estatal de la violencia.
Efectivamente, cuanto más elevada es la posición económica de una persona, más recursos tiene para derivar los impuestos hacia abajo: puede bajar salarios, subir precios, etc. Total que los “impuestos a los ricos” terminan pagados por los pobres. Suponiendo que sea cierto que estos fondos terminarán beneficiando a la clase media o los pobres, qué sentido tiene quitarles para luego devolverles lo poco que queda luego de pasar por una enorme burocracia.
Además, Obama quiere establecer un impuesto obligatorio del 14% sobre los beneficios que las compañías estadounidenses obtienen en el extranjero. Parte de lo recaudado con ese impuesto se usaría para financiar una propuesta de obras públicas que busca desembolsar $us 478.000 millones en seis años para “modernizar” la infraestructura y el sistema de transporte. Sin embargo lo que se va a lograr con esto en realidad es que las empresas renieguen de la nacionalidad estadounidense para evitar estos impuestos. Y qué sentido tiene hacer carreteras, si los mismos usuarios las demandarán y las construirán en la medida en que las necesiten para mejorar su vida, sin necesidad de pasar por la tremenda burocracia estatal.
Para remate de buenas intenciones, Obama quiere enviar dinero a Centroamérica para “evitar la inmigración ilegal”. La llegada a Estados Unidos el año pasado de decenas de miles de inmigrantes ilegales desde Honduras, Guatemala y El Salvador —incluyendo a más de 60.000 niños que viajaban sin sus padres— causó gran conmoción. Y ahora el Gobierno asegura que se requerirían $us 5.000 millones en los próximos cinco años para poner en marcha un plan para Centroamérica que prevé educación, salud y programas laborales, así como en fortalecer la Justicia y seguridad y programas de infraestructura, para ayudar a disuadir a los posibles migrantes. ¿Alguien tiene alguna duda de que, dada la corrupción en estos gobiernos, buena parte del dinero no llegará? Y lo que llegue quizás solucione el problema temporalmente, pero no el fondo.
Es miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California. https://dev-qa.la-razon.com//twitter.com/alextagliavini (@alextagliavini).
