Días atrás, el ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, se reunió con el ministro de Minas y Energía de Brasil, Eduardo Braga, para acordar la ampliación del proceso de integración energética entre ambos países, con la firma de acuerdos entre instituciones homólogas del sector eléctrico. Habida cuenta que tanto Brasil como Bolivia tienen recursos y demandas energéticas diferentes, una efectiva integración del sector eléctrico permitiría hacer ajustes con mayor libertad entre la oferta y la demanda de electricidad, lo que a su vez repercutiría positivamente en el crecimiento y el desarrollo de ambos países.
No obstante, para poder materializar un proyecto de tal envergadura, además de grandes inversiones públicas y privadas, se necesita de un marco institucional claro, que incluya organizaciones gubernamentales sólidas y una unidad de planificación estructurada. Esto porque una integración energética efectiva presupone contratos de largo aliento (entre 30 y 50 años), y sin instituciones consistentes y marcos regulatorios uniformes y claros, sencillamente no se podría garantizar esta necesaria continuidad. Se trata de condiciones objetivas que, de implementarse, favorecían en gran medida a los propios países, y no solo en el ámbito energético, sino de manera general.
