El flamante presidente de la República Oriental del Uruguay, el médico Tabaré Vázquez (posesionado el 1 de marzo del presente año), anunció que desarrollará acciones “muy fuertes” contra el consumo de alcohol en su país, parecidas a las que promovió durante su primer gobierno (2005-2010) contra el consumo del tabaco, enfrentándose a la tabacalera multinacional Philip Morris International (PMI).
En su primera administración Vázquez impulsó duras medidas antitabaco, que comenzaron en 2006 cuando Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en prohibir fumar en espacios públicos cerrados. En leyes sucesivas, el Gobierno charrúa obligó a incluir en las cajetillas grandes advertencias sanitarias, eliminó la posibilidad de vender variedades con rótulos como “light” o “mild”, incrementó fuertemente los impuestos a estos productos y prohibió la publicidad de cigarrillos y hasta su exhibición. Qué apuesta más clara por la vida y la salud, ¿verdad?
En 2010, Philip Morris presentó una demanda contra el Gobierno uruguayo, afirmando que algunas de sus disposiciones violaban parte del Tratado Bilateral de Inversión entre Uruguay y Suiza, país donde la multinacional tiene su sede. No obstante, la causa uruguaya fue respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones internacionales no gubernamentales, que consideran el caso como emblemático en la lucha mundial contra el consumo de tabaco.
En estos tiempos de sociedad capitalista del show, el espectáculo y el marketing, donde se promociona el consumo de los productos más dañinos para la humanidad y la Madre Tierra, escuchar en un discurso presidencial el anuncio de medidas en los próximos cinco años contra el consumo de alcohol y de drogas es digno de elogio e imitación.
¿Por qué en Bolivia no se declara al alcoholismo y a la drogadicción como problemas de salud pública? Esto contribuiría a combatir estos males de manera prioritaria desde la sociedad y sobre todo desde el Estado con políticas de salud. Por ejemplo, hoy no existe un hospital especializado en el tratamiento de los males antes mencionados, y los pocos centros de tratamiento y terapia que existen funcionan con muchas limitaciones; y a pesar de esa situación son los únicos que prestan una debida atención a personas con la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción.
Sabemos que el presidente Vázquez va a materializar el proyecto presentado por el gobierno del saliente José Pepe Mujica con una fuerte reglamentación sobre la comercialización y el auspicio de bebidas alcohólicas, que incluirá un elevado incremento de impuestos a este rubro.
Sobre los patrocinadores, para el caso boliviano sabemos que una empresa de cervecería auspicia todas las entradas folklóricas del país, con la clara estrategia de fomentar el consumo de sus productos, o al menos iniciar y “fabricar” potenciales bebedores. Sabemos que se ha incrementado el impuesto a las bebidas alcohólicas en nuestro país, pero esta medida no ha tenido ningún resultado en cuanto al control o la disminución del consumo excesivo de alcohol. ¿No es posible elevar los impuestos a las bebidas alcohólicas, incluyendo además a los comercializadores? Se podría pensar incluso en que las grandes fábricas sostengan a centros de rehabilitación para los consumidores, de esa manera pagarían algo de los efectos perversos que genera el consumo desmedido de las bebidas alcohólicas. Aunque los grandes daños que causan en la salud jamás serán recompensados por las compañías, pues muchos de los impactos en el organismo y en las familias de los consumidores son irreversibles.
Janiwa walikiti umaña, uka sarawi q’al usuntawistu. Ma pitawa apanukuñasa uka jan suma sarawi.
