Días atrás, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas fustigó a los empresarios nacionales, indicando que el nivel de sus inversiones no alcanzaba ni el 10% del PIB proyectado, y que ésta sería una de las causas por las que este año Bolivia no crecerá al nivel inicialmente proyectado por el Gobierno. Los aludidos replicaron que no hay “seguridad jurídica” para invertir.
El ministro también calificó como “una vergüenza” el nivel de inversión privada nacional, que este 2015 se situaría en torno al 7% del PIB, razón por la cual el crecimiento originalmente presupuestado de 5,9% para este año alcanzaría, en el mejor de los casos, al 5%.
Al respecto, cabe hacer un par de precisiones. En primer lugar, no es ninguna sorpresa el escasísimo aporte en inversión de los actores privados nacionales. La contribución de la inversión privada nacional no ha sido sobresaliente en los pasados años, pero la relativa bonanza que el país vivía hizo perder de vista este importante componente de las cuentas macroeconómicas de la nación. Al no contemplar la inversión privada en las políticas económicas, el Gobierno ha dejado que aquel sector eluda su compromiso con el país, a pesar de que las ganancias de los empresarios han crecido al menos al mismo ritmo que el crecimiento de la economía nacional.
Hoy por hoy, es poco probable que los empresarios privados aumenten su inversión, pues sienten afectado su pudor. Si bien es necesario asumir, desde la gestión de la cosa pública, las medidas que sean necesarias para encaminar las ganancias de los actores privados hacia la inversión productiva, hacen falta más que reflexiones de tipo moral para movilizar las chequeras de los empresarios bolivianos.
En ese sentido, lo más urgente parece ser, por un lado, determinar la cantidad de excedente empresarial disponible para la inversión. Esta es una variable que no se ha monitoreado en los últimos años, así que no existen proyecciones certeras que permitan conocer la magnitud del aporte que podrían hacer los empresarios en el futuro cercano.
Por otro lado, tampoco se conoce a ciencia cierta cuáles son los elementos que podrían desencadenar un mayor crecimiento de la inversión privada. En algún momento los representantes de los gremios empresariales indicaron que se requiere mayor seguridad jurídica para invertir en el país; a su vez, el Ministro de Economía replicó que existe el marco legal necesario que otorga tal condición a las inversiones nacionales.
Evidentemente no se está enfocando el punto neurálgico del problema. En esta última década se han dado condiciones más que favorables para los privados. Es hora de analizar con detalle y en profundidad qué tipo de políticas son necesarias para potenciar la inversión privada, más allá de los argumentos rápidos sobre la falta de audacia o la falta de seguridad jurídica.
