En este proceso electoral, que hoy llega a su término, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no supieron medir a todas las organizaciones políticas con la misma vara. A Unidad Demócrata (UD), la alianza política que postulaba a Ernesto Suárez a la Gobernación del Beni y a otros 227 candidatos a la Asamblea Departamental y a las alcaldías de esa región, le retiraron su personería jurídica porque difundió los resultados de una encuesta encargada por ellos, transgrediendo de esta manera el artículo 136 de la Ley 026 de Régimen Electoral. Ante una denuncia por esta vulneración, el TSE aplicó lo que manda la norma. Hecho que en sí mismo no es cuestionable. Si una organización política transgrede la normativa, lo lógico es que sea sancionada.
Pero, ¿por qué el Tribunal Departamental de La Paz (TDE) no aplicó esa misma determinación con el Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyo candidato a concejal por La Paz Jorge Silva incurrió en la misma contravención? Ese postulante informó el 28 de febrero al matutino Página Siete que “una encuesta que realizó su organización política da como resultado que el candidato a alcalde por el MAS tendría una intención de voto del 40%, los candidatos de oposición otro 40% y un 20% de indecisos”.
Esa nota de prensa fue presentada como prueba, pero no fue suficiente para los vocales del TDE, quienes alegaron que Unidad Demócrata, que interpuso la denuncia, no presentó un contrato que indique que el partido oficialista encargó a una empresa la realización de una consulta electoral, por lo que no hubo “prueba suficiente para sancionar”.
Ahora bien, no solo este hecho demuestra las ventajas que tuvo el partido en función de gobierno frente a otras organizaciones políticas, y todo con la permisibilidad del Tribunal Electoral. El año pasado, el TSE prohibió que las autoridades nacionales y locales participen de “forma activa” en la campaña de los candidatos a las elecciones departamentales y municipales. Sin embargo, tras emitir esa disposición, se retractó. Esto permitió que el presidente Evo Morales entregue obras, se refiera a la campaña electoral y pida el voto para sus candidatos. Además condicionó la relación de obras a cambio de votos. Así lo hizo en La Paz. El Mandatario les dijo a los electores que no iba a trabajar con gente de derecha: “Si quieren más obras, acá está Édgar Patana; si quieren más obras, acá está Felipa Huanca”.
Según la Ley Electoral, un servidor público incurre en coacción electoral cuando por ejemplo “atemoriza” a cualquier ciudadano para que vote por determinada candidatura.
Para el TSE, el MAS cumple la ley, las otras organizaciones no.
