Los resultados más probables de estas elecciones subnacionales, con más o menos variaciones, permiten suponer que se repetirá un fenómeno característico de la democracia boliviana actual: el multipartidismo. Eso quiere decir que el partido oficialista, no obstante el innegable poderío que ostenta y haga lo que haga, no podrá copar todos los espacios de la administración del Estado. Algunas gobernaciones y alcaldías no estarán a cargo del Movimiento Al Socialismo (MAS) o de sus aliados, sino en manos de partidos opositores o de dirigentes locales, promovidos a través de agrupaciones ciudadanas o de pueblos indígenas.
El proceso de transformaciones que vive Bolivia desde hace casi una década admite pluralidad de enfoques y reconoce expresamente el derecho a la organización con fines de participación política. Ciudadanos y ciudadanas “tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva”, dice el Art. 26 de la Constitución Política del Estado.
¿Cuál el balance que podría hacerse de esta participación política plural? La respuesta está cargada de matices. Si bien claramente significa la existencia de contrapesos a las tentaciones autoritarias o monopólicas del partido mayoritario, no es menos cierto que dio lugar a situaciones conflictivas cuando ciertas corrientes opositoras se atrincheraron en algunas gobernaciones y las utilizaron para sus fines conspirativos. Las andanzas de la llamada “media luna” son un claro ejemplo a recordar.
En la gestión de los asuntos públicos, lo que realmente le interesa a la ciudadanía, ocurrieron también muchos desencuentros, traducidos en atrasos o ejecución dificultosa de importantes proyectos. Hubo de todo y, desde ambos lados, se presentaron actitudes sectarias, búsqueda de protagonismos o invasión inconsulta a competencias claramente asignadas por la Constitución y la Ley Marco de Autonomías.
Afortunadamente también podrían mencionarse numerosos ejemplos en contrario. Dejando de lado intereses políticos particulares, Gobierno central, gobernaciones y/o municipios fueron capaces de armonizar criterios, coordinar acciones y culminar la ejecución de obras de interés general.
Ese es el camino que corresponde recorrer y afianzar. Que los “no oficialistas” respeten el marco constitucional, sepan que los espacios que eventualmente puedan conquistar no pueden ser focos de subversión y muestren, más bien, disposición para coordinar acciones y armonizar políticas con otras instancias del poder. Que los “oficialistas”, a su vez, comprendan que no es saludable para nadie el cercar y asfixiar los reductos ocupados por la oposición, como ocurrió en oportunidades pasadas y como se ha amenazado al calor de la pugna electoral.
La hegemonía del proyecto mayoritario no debiera entenderse como el predominio de la coerción, sino como la aceptación natural de las nuevas reglas del juego, esto es el consentimiento a un rumbo, a unas metas de país y a una cultura democrática, expresados en la Constitución vigente.
