Desde el miércoles, Palestina ya forma parte de la Corte Penal Internacional (CPI), un hecho histórico que podría influir en las desiguales condiciones de negociación que hoy imperan entre palestinos e israelitas, pues tal admisión allana el camino para que los primeros puedan presentar demandas por crímenes de guerra contra los segundos, pero también en sentido inverso.
De hecho, la Autoridad Palestina, encabezada por Mahmud Abbas, ya aceptó el 1 de enero la competencia de la CPI para investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel a partir del 13 de junio de 2014, y más concretamente durante la operación Margen Protector, que tuvo lugar entre el 8 de julio y el 26 de agosto de 2014. En aquella ocasión murieron más de 2.000 palestinos y 70 israelíes. Actualmente la fiscalía de la CIP evalúa la documentación sobre el particular, un primer paso para que pueda abrirse una investigación formal contra Israel, pero también contra los milicianos palestinos.
Cabe recordar que en los últimos cinco años la Corte Penal Internacional había rechazado otras tres demandas similares, porque Palestina no formaba parte de las Naciones Unidas. Sin embargo, en noviembre de 2012 pasó a formar parte de este organismo como Estado Observador, despejando así el camino para que la Corte Penal Internacional pudiera admitirlo como el miembro 123, hecho que se concretó la semana pasada.
De esta manera, se abre un nuevo capítulo para la Justicia internacional. En efecto, cabe recordar que, desde su ocupación, el Gobierno israelí ha justificado el despojo de tierras y la privación de derechos civiles y humanos a la población palestina con el argumento de que Israel no es un país ocupante, y que estas acciones se han realizado en lugares que no pertenecen a ningún Estado, pero que sí tienen vínculos históricos con la nación judía.
Sin embargo, ahora que Palestina forma parte de las Naciones Unidas como Estado Observador y que acaba de ser admitida en la CIP, se abre la posibilidad de que en el futuro las autoridades israelíes puedan ser juzgadas por estos hechos. Posibilidad que preocupa considerablemente a los dirigentes hebreos, que no podrían salir de su país por miedo a ser detenidos. Además, más de medio millón de israelíes podrían ser considerados como ocupantes de un país extranjero.
Adicionalmente, el hecho de que Mahmud Abbas se siente a negociar frente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como presidente de un Estado palestino con mandato de la ONU en vez de hacerlo como presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), con una inmensa población de refugiados, convierte al conflicto palestino-israelí en un tema de negociación entre Estados mucho más equilibrado, y por lo mismo más factible.
