El 12 de abril de 1952, a consecuencia de la desigualdad y maltrato que sufrían los niños en el mundo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de Estados Americanos (OEA) redactaron la Declaración de Principios Universales del Niño. Posteriormente, en 1954 la Asamblea de las Naciones Unidas recomendó que cada país fijara una fecha para festejar el Día del Niño, con el propósito de que esta fecha fuera dedicada a la fraternidad y a la comprensión entre los niños y niñas del mundo, y destinada a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de la niñez. Siguiendo esta recomendación, en 1955 Bolivia estableció el 12 de abril como Día del Niño Boliviano. Desde entonces, se han hecho muchos esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la niñez en todas partes del mundo. Los gobiernos de América Latina no han sido ajenos a estos propósitos, y emprendieron importantes esfuerzos legislativos para establecer leyes en favor de la niñez.
Uno de los avances más relevantes ha sido que la totalidad de países de América Latina son firmantes de la Convención de los Derechos del Niño, que acaba de celebrar 25 años. Sin embargo, las reformas legislativas emprendidas en los últimos tiempos muestran con sorpresa que se están haciendo cambios legales que impactan en la vida de las niñas y niños. Un claro ejemplo es el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente en Bolivia, que incluye excepciones a la edad del trabajo infantil. De la misma manera países de la región como Brasil y Honduras analizan proyectos de ley que proponen reducir la edad de imputabilidad para los menores de 18 años, algo que durante años no se había discutido, ya que por debajo de esta edad los adolescentes se encuentran todavía protegidos por la Convención de los Derechos del Niño.
Unicef oportunamente ha comunicado y argumentado su preocupación respecto a estas reformas legales, y considera importante que en la labor periodística y el debate social se profundice en los aspectos relevantes para una discusión responsable y consciente de estos asuntos. La definición de “la edad mínima” es el detonante de una serie de normas y obligaciones de protección a la infancia, establecidas tanto por la Convención de los Derechos del Niño como por otros instrumentos de Naciones Unidas, que forman el corpus iuris (compendio) de protección de los derechos humanos de los niños.
Más allá de las incompatibilidades entre el interés superior del niño y estas reformas legales, también está la posición pragmática de algunos países latinoamericanos que pretenden transparentar la situación de la niñez tal y como es, y a partir de esa realidad iniciar un proceso de cambio más serio y objetivo.
En este sentido, surgen interrogantes como: ¿antes se firmaban convenios y se establecían leyes bajo el supuesto que nadie las cumpliría?, ¿o los niños y niñas de ahora ya no requieren ser tan protegidos cómo antes por las actuales leyes?, ¿o los Estados están evadiendo la responsabilidad de ser garantes de derechos para sus niñas, niños y adolescentes? A pesar de que no hay respuestas precisas a estas preguntas, lo que se muestra claramente es que las reformas legislativas equivalen a abrir una caja de Pandora, y lo que podría surgir de ella está llamando la atención del mundo entero, lo cual nos exhorta a la reflexión, al análisis y discusión sobre el proceso de legislación.
Mientras en este lado del continente se discute la pertinencia de juzgar o no a los adolescentes de 16 y 17 años como adultos, en el país del norte avanza un proyecto para hacer justamente lo contrario: aumentar de 16 a 18 años la edad de imputabilidad penal. Quienes promueven dicha reforma legal, autoridades y organizaciones sociales principalmente, se basan en los hallazgos de la neurociencia y la hipótesis de que la privación de libertad de los adolescentes no contribuye a la seguridad pública. Argumento plenamente válido para todo tipo vulneración de derechos en niñas, niños y adolescentes.
En este mes que se recuerda el Día del Niño en Bolivia es primordial para el país comprender la realidad actual de nuestros niños, niñas y adolescentes, y analizar si todos los avances económicos logrados por el país han mejorado de alguna manera las condiciones de vida de esta población, particularmente de la niñez y adolescencia indígena. Es momento de repensar qué más se puede hacer para que la brecha entre una niña indígena de área rural y una niña de clase media de la ciudad no sea tan grande, y en cambio tengan iguales oportunidades y condiciones de desarrollo, que aseguren a las actuales generaciones de niñas y niños la posibilidad de disfrutar de un mundo más equitativo y un futuro más justo para todos y todas.
