Hace poco más de un año y en esta columna (La Razón 21 de marzo de 2014) había esbozado una ruta crítica de lo que estaba y está ocurriendo en la economía del país en respuesta a un megaciclo de precios altos de las materias primas en el mercado internacional, ciclo ahora en declive y que comparativamente es similar a lo que sucedió en los años 70 en Groningen (Holanda), cuando las exportaciones de gas se dispararon a niveles inéditos y crearon posteriormente una catástrofe económica cuando el boom gasífero pasó. Este comportamiento se conoce por los economistas como “mal holandés”. En el país, y producto de la panacea exportadora que acabamos de vivir, se descuidó la diversificación de nuestra producción; los costos en los sectores agrícola, manufacturero e industrial se han disparado; la competitividad del país ha caído; florece la importación de bienes de todo tipo; la inversión ha disminuido dramáticamente, sobre todo en el sector minero, y la estructura exportadora del país está sintiendo los efectos del fin del periodo de “vacas gordas”.
La respuesta de la actual administración, por los anuncios que salen en la prensa, consiste, para el sector minero, en aumentar la inversión estatal en proyectos que no pudieron avanzar en décadas pasadas por razones tecnológicas y/o económicas (Mutún, Salar de Uyuni, Corocoro, Karachipampa, nuevo ingenio en Huanuni, nuevo horno en Vinto, etc.). También se anuncia inyectar capitales para comprar maquinaria e insumos para el sector informal cooperativo a través del Fondo de Financiamiento para la Minería, (Fofim, entidad estatal de fomento dependiente del ministerio del ramo); y ya se pide volver a los bonos y subvenciones para paliar la crisis producida por la bajada de precios. Todo este paquete entra precisamente en el esquema del “mal holandés”; sabemos y ya hemos vivido en el pasado sus consecuencias. Los proyectos estatales no son ni la panacea ni son de rendimiento inmediato, mucho se ha escrito al respecto, y dejar al Estado en estas aventuras de mucho riesgo no será una solución. El ponerle empeño a invertir en operaciones mineras de cooperativas, por otro lado, es repetir la historia; este subsector no paga sus deudas con Comibol de un similar proyecto de décadas atrás.
Como repito machaconamente en mis escritos, el negocio minero y manufacturero del oro tiene un valor de exportación mayor a los $us 1.300 millones (INE, RES_2015_1) y está controlado por cooperativas, mineros artesanales y comercializadores (legales e ilegales). El Estado ha perdido control sobre el rubro más significativo y cuyas ventas significan más del 10% del total de las exportaciones del país. En vez de controlarlo y diversificar operaciones auríferas y de otros metales de alto valor de mercado, se divaga en viejos proyectos históricos sobre metales de bajo valor y de retorno incierto, que sí deben ser encarados, pero con participación de operadores, tecnología y capitales no solo estatales, de tal manera de optimizar tiempo y dinero. Es hora de dejar el marasmo y el paso cansino con que estos proyectos avanzan y definir las alternativas de incorporarlos (o no) al portafolio del sector.
Estamos siguiendo caminos ya andados, experiencias ya vividas, el resplandor de la coyuntura y los buenos precios nos pintó una realidad que duró lo que los sueños políticos que la acunaron; pero la industria se forja con planificación y trabajo duro y silencioso, dejando el balcón y pisando la dura realidad de la minería nacional.
