Parece ser un problema sin solución; o, en todo caso, sin voluntad política para resolverlo. El transporte de pasajeros en la modalidad llamada radiotaxi carece desde siempre de una regulación que fije y sobre todo asegure el cumplimiento de normas mínimas.
Hoy por hoy, el uso de un radiotaxi, que como único distintivo del resto exhibe un cartel adosado al techo, pero no siempre una radio de banda ciudadana, implica un contrato de adhesión por parte del pasajero, quien, por ejemplo, debe primero preguntar al conductor si va en esa dirección y luego tiene que aceptar el estado del coche, incluso si está próximo a convertirse en chatarra. Pero lo realmente desesperante es el libre arbitrio con que los conductores establecen tarifas. El rango entre el precio mayor y el menor por el mismo recorrido puede llegar a superar los Bs 5. Y si esto fuera poco, cada cierto tiempo los conductores incrementan la tarifa a su antojo.
Tiempo atrás el Gobierno Municipal de La Paz logró, luego de mucho conflicto, un acuerdo que fijaba las tarifas y su incremento proporcional según la distancia. Actualmente, de ese acuerdo solo queda una lejana memoria. De ahí que cabe preguntarse si es que alguna autoridad puede, y quiere, hacer algo al respecto de esta situación. Mientras no haya respuesta, las y los usuarios siguen siendo víctimas.
