La directora de la unidad de Trata y Tráfico del Viceministerio de Seguridad Ciudadana ha presentado el anteproyecto de “Ley de regulación en el acceso del internet contra la trata y tráfico de personas para la niña, niño y adolescente del Estado Plurinacional de Bolivia” a la Asamblea Legislativa, aunque aún no ha hecho público el texto.
El problema de esta norma es que plantea soluciones que no arreglarán en gran medida el problema central, pero sí podrían poner en riesgo otros aspectos. La autoridad presenta los siguientes argumentos a favor de la norma: los tratantes contactan a sus víctimas por internet, los jóvenes que navegan más de media hora o una hora pueden estar envueltos en algunas actividades sospechosas, los padres publican fotos de sus hijos en redes sociales poniéndolos en riesgo de ser ubicados por tratantes de personas. Entonces plantea como soluciones la instalación de cámaras de seguridad para monitoreo de las actividades de los usuarios de cafés internet, la prohibición del ingreso de menores de edad con uniforme escolar a estos establecimientos en horarios de clases y el bloqueo de sitios web peligrosos.
A continuación presento cuatro argumentos en contra de la medida de introducir cámaras de seguridad en los cafés internet: privacidad, confidencialidad en el tratamiento de información privada, gestión del sistema y educación digital.
Privacidad. No es legal y además no creo que nadie esté de acuerdo en que los responsables de la administración de los cafés internet ni el Estado conozcan las palabras de acceso o passwords de las cuentas privadas de los usuarios ni los contenidos de las conversaciones, correos electrónicos o búsquedas en sitios web que realizamos. Esto no solo afecta a los menores de edad, sino a cualquier usuario de cafés internet.
Confidencialidad. Las personas que accedan a esa información deberían firmar una garantía de confidencialidad que no les permita revelarla a nadie, excepto si son causas penales y con debido procedimiento legal. ¿Incluye esto el proyecto de ley?
Posibilidad. El gasto de cámaras de seguridad y el tiempo que tienen que dedicarle los responsables de la administración son costos que incrementan los precios de los cafés, esto crea un incentivo para que proliferen cafés internet ilegales antes que sistemas de monitoreo.
Educación digital. Restringir el uso de internet a los jóvenes agrava el problema. Ellos tienen que desarrollar capacidades para navegar de manera segura y eso no se logra alejándolos de internet, sino todo lo contrario. No estoy diciendo que hay que dejar que los tratantes de personas continúen usando las redes sociales y otros espacios virtuales para sus actos delictivos, pero la solución va por otro lado.
