Dentro de muy poco tiempo se efectuará la fase oral sobre la objeción incidental de la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que planteó Chile. Luego habrá que esperar hasta fines de año para recibir el dictamen del tribunal internacional sobre dicha objeción. Mientras tanto, ¿qué puede hacer nuestro país respecto a su problema marítimo? Evidentemente continuarán los viajes de don Carlos Mesa al exterior, y eso es positivo, con el fin de hacer conocer la posición jurídica nacional presentada en nuestra demanda ante la Corte de La Haya.
Sin embargo, esa actividad no es suficiente. Es menester comprender que no podemos dejar la cuestión marítima nacional hasta la finalización de la controversia presentada en la CIJ. Eso puede durar unos tres o cuatro años, o más. En consecuencia, es indispensable buscar, al margen de La Haya, un entendimiento directo con Chile. Sabemos que en estos momentos no es fácil llegar a ello, ya que existe una fría y dura relación entre los dos gobiernos, acompañada además de críticas muy acervas de la prensa y de la opinión pública de ambos países.
Hubo épocas similares a la actual, sobre todo después del desvío del río Lauca, en las que se consideraba que no había posibilidad de tratar el tema marítimo en forma bilateral. No obstante, pese a ello, los gobiernos del presidente Frei Montalva y del presiente Allende aceptaron conversar sobre el tema, porque comprendieron que en Bolivia se había terminado el furor patriotero causado por el Lauca y había gran interés en buscar un entendimiento con Chile.
Hoy debemos hacer otro tanto. Dejar de lado los alardes triunfalistas que a nada conducen, y preparar una política de aproximación gradual, hasta llegar a un acercamiento entre los dos gobiernos. Apenas se obtenga esa conexión, se debería enviar un agente confidencial a Santiago, con el ánimo de hacer conocer al gobierno de la señora Bachelet la buena disposición nacional para conversar amistosamente y en forma reservada.
En cuanto a la cuestión marítima, como se informó en otra oportunidad, en la reunión de consultas política realizada en Iquique, en noviembre de 2005, se llegó a una base de acuerdo que debería ser tomada muy en cuenta. Ésta consistía en la cesión de un corredor al norte de Arica, semejante al que había sido propuesto durante el gobierno del general Pinochet, en la llamada Negociación de Charaña. Es decir, una zona territorial desde Bolivia hasta el mar, con plena soberanía. En ese corredor se incluía el ferrocarril de Arica a La Paz, el aeropuerto de Chacalluta y la carretera Arica – Visviri -Charaña – La Paz. Respecto a la compensación por la entrega de dicho corredor, la delegación chilena argumentó que la única factible era la compensación territorial, es decir, un trueque de territorios, ya que no habría un solo chileno que aceptase reducir la superficie de su país.
Sobre el llamado “veto peruano”, dicha delegación manifestó que era muy poco probable que los actuales gobiernos peruanos se opusieran a tan importante solución, la cual sería apoyada y festejada por todo el mundo. En la reunión también se trató el problema del libre tránsito entre Tacna y Arica. Para no interferir en ese tráfico, una vez que Bolivia recibiese el corredor, determinaría que la zona del mismo donde pasa la carretera y el ferrocarril de Tacna a Arica, fuese considerada como una especie de “zona de nadie”, o sea que la gente y la carga cruzarían por ese sector sin ninguna traba, sin ningún control aduanero ni policial; y Bolivia mantendría una gendarmería en el lugar solo para proteger ese tránsito.
Si a esta base de arreglo se sumara la intención boliviana de vender gas a Chile, el cual es muy necesario para ese país y lo debe adquirir en zonas muy lejanas, entonces es muy posible que el actual gobierno chileno viese con buenos ojos un futuro entendimiento bilateral. Y la misma Corte de La Haya seguramente estaría muy dispuesta a escuchar a ambas partes para emitir un dictamen integrador que consolide plenamente la solución del problema marítimo nacional.
