Como todos los años, el 1 de mayo ha sido ocasión para que el Gobierno anuncie diversas medidas para la clase trabajadora, siendo la principal de ellas el incremento de 8,5% al salario, pero también una particularmente llamativa por su alcance: el DS 2348, en el que se señala que la otorgación de la personería jurídica de nuevos sindicatos requiere la firma del Presidente del Estado.
Hasta ahora dicho trámite se realizaba en las gobernaciones, según lo señalado en la Ley Marco de Autonomías, sin embargo, el señalado decreto retrocede a los tiempos del Estado centralista, asignando la tarea al Ministerio de Trabajo, que luego deberá poner a consideración del Mandatario aprobar o no la solicitud de creación de un nuevo sindicato o federación. La razón, dicen los impulsores de la llamativa norma, es evitar el surgimiento de sindicatos paralelos que debiliten la unidad de los trabajadores.
Irónicamente ha sido este Gobierno, al igual que todos los anteriores, el que más veces ha creado organizaciones sindicales y sociales paralelas. Además, el poner a consideración del Presidente la creación o no de estas organizaciones de trabajadores pone en serio riesgo la libertad de sindicalización consagrada en la Constitución Política del Estado y en tratados internacionales.
