El pasado 1 de mayo el Gobierno emitió un decreto supremo formalizando el incremento del 8,5% al salario básico y del 15% al salario mínimo nacional para los sectores público y privado, que acordó previamente con la Central Obrera Boliviana (COB) en marzo sin la participación del sector privado. Dichos incrementos deben ser pagados con retroactividad desde enero hasta el 31 del presente mes de mayo, cuando en años anteriores se podía pagar hasta finales de junio.
Mediante otro decreto supremo promulgado también el 1 de mayo, el Gobierno estableció que el incremento del 8,5% al salario básico en las empresas públicas productivas y de servicios está condicionado a que éstas demuestren sostenibilidad financiera en su flujo de caja para los próximos tres años, hayan o no generado utilidad operativa en la gestión anterior; que el incremento salarial sea financiado por ingresos generados en la operación del giro del negocio; y que no debe implicar ajustes en los precios de los productos producidos o servicios prestados.
Este condicionamiento es sin duda oportuno y correcto, considerando que algunas empresas públicas enfrentan dificultades financieras que ponen en riesgo su sostenibilidad por la caída en los precios de las materias primas que extraen, excesivo personal o mala gestión, entre otras razones. Las empresas públicas tendrán 30 días desde la publicación del mencionado decreto para presentar al ministerio de su área la información que respalde su sostenibilidad, información que debería ser de conocimiento público. En todo caso, de la poca información que se dispone sobre el desempeño y situación de las empresas públicas, parecería que al menos en Enatex y en la Empresa Minera Huanuni no se aplicará el incremento al salario básico.
Sin embargo, las empresas privadas formales, aquellas que cumplen con sus obligaciones sociales y fiscales y que de un tiempo a esta parte vienen enfrentando la caída en los precios de los productos que exportan o la competencia de productos importados legal e ilegalmente más baratos, provenientes de países cuyas monedas registran importantes depreciaciones respecto del dólar, tendrán que pagar el incremento salarial. Y tendrán que hacerlo a pesar de que no hayan obtenido resultados operativos positivos en la pasada gestión y de que sus proyecciones de flujo para los próximos tres años no demuestren sostenibilidad. El argumento utilizado por el Gobierno para condicionar el incremento salarial en las empresas públicas es que éstas deben generar excedentes para el Estado. Pero las empresas privadas también necesitan generar excedentes para ser sostenibles, invertir a fin de ampliar y diversificar el aparato productivo y así generar más empleos y para poder cumplir con las obligaciones financieras asumidas.
Si el sector privado no genera excedentes, no va a ser posible que invierta los $us 3.000 millones como pretende el Ejecutivo. Tampoco va ser posible que se preste la totalidad de los recursos que el Gobierno pretende que las instituciones financieras coloquen en el sector productivo. De hecho sería peligroso que las instituciones financieras presten los ahorros del público a quienes no tienen capacidad de pago. Pero el sector privado no puede condicionar el pago del incremento salarial a la sostenibilidad financiera de sus empresas, en cambio el Gobierno sí puede hacerlo.
