Días atrás salió a la luz pública un extraño pedido de los cooperativistas mineros, quienes solicitaron al Gobierno dejar sin efecto el decreto supremo que los exime de pagar el impuesto al valor agregado (IVA), vigente desde 2011. Según explicó el ministro del ramo, esta petición deviene porque este sector, al no pagar este impuesto, tampoco puede obtener un Número de Identificación Tributaria (NIT), lo que les impide acceder a beneficios en los sectores público y privado.
Ahora bien, cuesta creer que los cooperativistas, quienes no se caracterizan precisamente por su desprendimiento con el Estado ni su consideración hacia el resto de la población o el medio ambiente, se hayan dado cuenta, después de cuatro años de gozar de esta prerrogativa, que el no pagar impuestos al final de cuentas resulta más perjudicial que beneficioso, paradójicamente en plena época de vacas gordas, cuando sus ingresos se han visto mermados por la disminución de los precios de los minerales. ¿No será más bien que esté sector ha decidido aportar a las arcas públicas para así tener “cara” con el fin de poder exigir mayores beneficios de los que ya reciben actualmente, como el desmedido propósito de que el Estado subvencione el precio de los minerales o el acceder a créditos millonarios que difícilmente podrán ser honrados en el futuro?
