En Latinoamérica, como en Bolivia, los movimientos de defensa de los derechos de información y comunicación tienen presencia desde hace aproximadamente siete décadas, comenzando con las radios mineras en Bolivia y las radioescuelas en Colombia. Estas experiencias, entre otras, inspiraron reflexiones de corte académico por parte de Luis Ramiro Beltrán en Bolivia sobre la Comunicación para el Desarrollo desde los 50, y de Paulo Freire en Brasil sobre la educación popular desde los 60.
Posteriormente, durante las dictaduras se desarrollaron movimientos por el retorno a la democracia que incluían la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. Entretanto, en la academia Antonio Pasquali, Ariel Dorfman y el propio Beltrán desarrollaron teorías de dependencia cultural, posicionándose críticamente frente al sistema de comunicación dominante y su estructura comercial y antidemocrática. Incluso desde Naciones Unidas a inicios de los 80 surgió la propuesta de un nuevo orden mundial de la información más equitativo.
Durante la época neoliberal hasta inicios del nuevo siglo, los movimientos por los derechos de información y comunicación abogaron por un acceso más equitativo a los medios para informarse, pero también para tener derecho de emisión a través de ellos.
En la actualidad, las dos principales denuncias de estos movimientos: la concentración de la propiedad y la geográfica y la dependencia tecnológica y de contenido, no han sido superados. En realidad han ganado en complejidad en el nuevo espacio de comunicación digital. Las razones para promover una comunicación de base, horizontal, participativa, liberadora y popular por parte de la comunicación popular funcionan bien con las preocupaciones más actuales de evitar el control de acceso y emisión de contenidos en espacios virtuales, aunque también tienen algunas diferencias.
Si bien en internet es posible controlar en el sentido de prohibir el acceso a contenidos o a publicarlos, es muy riesgoso y caro para los gobiernos hacerlo. Por tanto, el control no es una opción muy frecuente por parte de los gobiernos; más bien, se decantan por la vigilancia que les permite mirar pero no hacer mucho. Pero decir, por esto, que nuestros derechos de acceso a información y a libre expresión en internet están asegurados está muy lejos de ser verdad. Por un lado, no todos los contenidos relevantes para ejercer ciudadanía están publicados en la web ni todos tienen la misma oportunidad de ser sugeridos por los buscadores. Tampoco es real que todas las personas publiquen en internet, muchas desconocen cómo hacerlo, y otras simplemente no están conectadas. Son temas pendientes.
Es ciberactivista y burócrata.
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