Para nadie es desconocido que el número de delitos se ha incrementado en las principales urbes del país en los últimos años. Con el propósito de contribuir a una reflexión sobre la dimensión de este fenómeno en la sede de gobierno, el último reportaje de Informe La Razón, publicado ayer, presenta un mapa sobre los diferentes hechos delictivos que se cometen.
Los resultados de esta investigación, elaborada a partir de entrevistas a dirigentes vecinales, datos estadísticos recabados por diferentes instituciones y recorridos in situ, dan cuenta de que los delitos son algo corriente en al menos 20 de los 23 distritos que componen el municipio paceño. Por caso, de los 6.306 casos atendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) el año pasado, la mayoría (23%) corresponde a robos y hurtos cometidos contra personas y/o inmuebles, algunos con violencia, como los famosos secuestros exprés. Casi ningún barrio urbano se libró de este tipo de hechos, al igual que el tráfico de drogas al raleo.
El robo de vehículos y de autopartes es otro de los delitos que afecta a varias zonas y macrodistritos de La Paz: San Pedro, Miraflores, Sopocachi, Villa Fátima y la zona Sur, entre otros. Los turistas también son víctimas de esta inseguridad, a través de atracos que muchas veces son cometidos por delincuentes que se hacen pasar por policías, o bien de robos en los hostales o cafés que frecuentan principalmente en el Casco Viejo de la ciudad.
Respecto a los asesinatos, homicidios y ajustes de cuentas entre bandas criminales, si bien esta clase de crímenes es relativamente menor en relación a Cochabamba y Santa Cruz, no dejan de ser significativos, y se registran particularmente contra los sectores más vulnerables de la población: niños, mujeres y ancianos.
Ahora bien, no cabe duda de que el incremento delictivo tiene suelo fértil en la escandalosa impunidad que caracteriza al sistema judicial del país, pues son muy pocos los atracos, robos y asesinatos que terminan con una sentencia condenatoria. También es corriente que jueces y fiscales faciliten la excarcelación de asesinos y personas vinculadas con el robo agravado y el narcotráfico. Y a las fallas de los procesos de investigación judicial se unen los problemas del sistema carcelario, que antes de rehabilitar a los delincuentes se constituye en un espacio de violencia y reproducción de los delitos. Por último, no sobra recordar que el excesivo consumo de bebidas alcohólicas se encuentra detrás de muchos hechos de violencia, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.
En resumidas cuentas, se trata de un fenómeno multidimensional, asociado a factores de riesgo como la pobreza y la exclusión. De allí la importancia de enfrentar esta problemática con planes integrales a corto, mediano y a largo plazo, que vayan más allá de las respuestas fáciles enfocadas únicamente en el ámbito represivo.
