Como una suerte de jubileo para celebrar la llegada del papa Francisco al país, el Ministerio de Gobierno está planeando promover un nuevo indulto penitenciario. Según ha señalado el responsable de esa cartera ministerial, cerca de 1.000 reclusos resultarían favorecidos con esta medida, que, no cabe duda, contribuirá a mejorar no solo la vida de los beneficiarios, sino también las deplorables condiciones que actualmente imperan en los recintos penitenciarios. No obstante, estos indultos no dejan de ser sino paliativos que no apuntan a resolver la raíz del problema: la profunda crisis que atraviesa el sistema judicial del país, que tiene en la retardación de justicia uno de sus principales y más nefastos síntomas.
Si realmente se desea acabar con el hacinamiento carcelario, además de evaluaciones periódicas que midan el número de sentencias que dictan los jueces mensualmente (lo que permitiría diferenciar a los magistrados probos de aquellos sin vocación ni interés en la pronta justicia), sería deseable modificar los términos de la legislación sobre la detención preventiva, una figura legal que en teoría debería ser utilizada solamente en casos extremos, pero que en la práctica se yergue como una de las principales causas que distorsionan el régimen penal del país, y en último término, el sentido de la justicia.
