Poqospa, poqospa, laq’aqamullanqa” dice una onomatopéyica expresión quechua. Nos advierte que, en fin de cuentas, lo que tiene que ocurrir, ocurrirá, pues, como la fruta, madurando, madurando, terminará por caer. Sin embargo, cae a veces cuando ya no es aprovechable por su avanzado estado de descomposición. Y surge la moraleja: la fruta debe ser cosechada a tiempo, hay que hacerla caer antes de que se pudra. La frase se nos vino a la mente al pensar en lo que viene sucediendo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ¿vamos a esperar que se caiga por sí solo o haremos algo?
El comportamiento democrático de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, reiterado en numerosas oportunidades, está pidiendo a gritos que acabe la chacota. No se trata de un caso aislado o de simples errores de sus integrantes. De lo que estamos hablando es de una degradación paulatina de la conducta individual de ellos y ellas, y de la adopción de decisiones colectivas contradictorias, erradas y poco fiables. Han reincidido tantas veces en este comportamiento, que la imagen global que se tiene es deplorable; este órgano de poder ha perdido toda credibilidad. Quienes consideren que todavía les queda un saldo de dignidad harían bien en renunciar a sus cargos, de modo tal que se precipite y se facilite esa ineludible renovación.
A estas alturas está claro para todos, incluso para gran parte del oficialismo, que no se hizo una adecuada selección de las personas que debían formar parte del TSE y de la mayoría de los Tribunales Departamentales Electorales (TDE); que al momento de nombrarlos no se valoró la capacidad y los méritos, como manda la Constitución y la ley. Al parecer se priorizó adhesiones político-partidarias que no tardaron en aflorar, y han descalificado al Órgano en su conjunto. Peor aún, hay indicios de que existió una suerte de cuoteo entre ciertos “poderes fácticos” que conforman el bloque gubernamental. Se sabe, por ejemplo, que los cooperativistas mineros designaron por lo menos a uno de los vocales.
No obstante, también hay que mencionar que la ciudadanía en general tuvo una actitud pasiva, meramente contemplativa en el proceso de tales designaciones, como si los dos tercios en la Cámara de Diputados fueran suficiente garantía para que se apliquen por lo menos algunos de los principios mencionados en la Ley del Órgano Electoral, como: Imparcialidad “(…) actúa y toma decisiones sin prejuicios, discriminación o trato diferenciado que favorezca o perjudique (…) a una persona o colectividad”; y Autonomía e independencia (“No recibe instrucciones de otro Órgano de poder público ni presiones de ningún poder fáctico”).
Una ciudadanía atenta y movilizada hubiera recurrido oportunamente a todos los resquicios legales que permiten denunciar y, en su caso recusar, a autoridades que no reunían los mínimos requisitos para tan altas y delicadas funciones. No lo hicimos, y eso nos vuelve corresponsables. Pero quien más se arriesga a sufrir los efectos perniciosos del descalabro del TSE es el propio partido gobernante.
Si asimilando las lecciones recientes y teniendo en sus manos la posibilidad de rectificar esta situación, no lo hace, más temprano que tarde las urnas le harán pagar las consecuencias.
Imposible dejar de mencionar en las actuales circunstancias a Rubén Vargas, notable periodista y hombre de letras recientemente fallecido. Él demostró con su trabajo en la antigua Corte Nacional Electoral lo que se puede hacer en pro del fortalecimiento democrático cuando hay honestidad e idoneidad. El pueblo boliviano se merece un Órgano Electoral con esa calidad de personas.
