Los aniversarios natales, más allá del tradicional festejo, se convierten en un excelente motivo para un balance de lo que hasta ese momento fue nuestra vida, y sobre todo es el tiempo de preocuparnos por el futuro. Muchos no lo entienden así; tal es el caso del inefable dictador Mariano Melgarejo o El Tirano Romántico, llamado así por el escritor Max Daieraux (en nuestro medio lo apodaban El Camba, a pesar de ser tarateño). Este singular personaje, por carecer de información acerca de la fecha exacta de su nacimiento, emitió un decreto declarando su cumpleaños una fiesta móvil; y así lo hizo celebrando su aniversario en Carnaval o en Corpus Christi, hasta que finalmente decidió festejar el Sábado de Resurrección, fecha que sin dejar de ser móvil se acomodaba mejor a su ego mesiánico. Fernaces, un sátrapa del antiguo Bosforo, lo hacía mejor, celebraba su cumpleaños durante seis meses.
Otro hecho singular fue el secuestro del avión en el que viajaba por casualidad el famoso cantante griego Demis Roussos justamente el día de su aniversario natal. A pesar de su desesperado esfuerzo por no ser reconocido, uno de los yihadistas le hizo levantar de su asiento, y a sazón de toda la tripulación, pasajeros y secuestradores cantaron a viva voz, festejando al ídolo de la balada. La acción terrorista terminó sin mayores consecuencias y Roussos declaró a la prensa que fue el mejor cumpleaños de su vida.
Quien no puede decir lo mismo es el exvocal del Tribunal Supremo Electoral Ramiro Paredes, quien por una extraña manera de festejar su cumpleaños en tiempo electoral tuvo que renunciar. Habría que preguntarse cuál es el grado de parcialización que implica el festejo del cumpleaños de un juez electoral organizado por los miembros de un partido político que tercia en las elecciones: ¿sin baile habría sido lo mismo?, ¿se puede sobornar con algunas notas musicales, unos aro aros o una alegre coreografía?
Más allá de cualquier comentario divertido, propio de nuestra idiosincrasia, el hecho de no observar ciertas normas de conducta ética, y peor aún ejerciendo la función pública; es decir, actuar en contra de los intereses del bien público, que en este caso es la credibilidad del Órgano Electoral, es sin lugar a dudas un evidente deterioro de la democracia, tan difícilmente lograda tras años de sangrientas dictaduras militares.
Por ello mismo se impone un acuerdo nacional que no solo involucre a los partidos políticos, sino a todas las fuerzas vivas de la sociedad para modificar la Ley Electoral y adecuarla a un buen manejo institucional que garantice la imparcialidad necesaria en la práctica democrática.
