Tres dirigentes shuar han sido asesinados en los últimos cinco años en la Amazonía ecuatoriana. Bosco Wisuma, profesor y líder antiminero, murió mientras protestaba en defensa del agua en Macas; Freddy Taish falleció en un enfrentamiento con militares que hacían un operativo en la provincia amazónica de Morona Santiago; y el 2 de diciembre de 2014, José Isidro Tendetza, conocido por su lucha contra el proyecto minero Mirador, fue encontrado estrangulado con una soga azul en el río Zamora, tras haber desaparecido durante cinco días. No hay que investigar demasiado para entender por qué los asesinaron. Los tres representan eso que la Constitución ecuatoriana reconoce como derecho, pero que incomoda a las empresas mineras y a los gobiernos prominería: la resistencia indígena.
Los pueblos indígenas llevan la resistencia en su esencia. Luchar contra la opresión y defender su tierra los define. Por eso hoy su defensa de la tierra y los recursos no es extraña, como tampoco lo es la minería. Existe desde la era incásica, cuando Ecuador formaba parte del Tahuantinsuyo. Aunque la actividad disminuyó con la división del imperio Inca; y luego, con la llegada de los españoles, quedó claro que nuestros territorios eran fuentes de riqueza. En la era republicana, los gobiernos latinoamericanos encontraron en la explotación indiscriminada de recursos una vía para financiarse. Así, se incrementaron las heridas de nuestras selvas, el irrespeto de los territorios ancestrales, la violencia contra pueblos originarios y la criminalización de la resistencia indígena. La explotación se fue institucionalizando.
En el siglo XX, como condición para otorgar créditos, el Banco Mundial impuso a los países de América Latina normativas que debilitaron al Estado en el manejo de la explotación minera. Se concedieron grandes ventajas a las empresas extractivas en materia fiscal, garantías de acceso prioritario a los territorios y se flexibilizaron las condiciones laborales, la legislación ambiental, la entrega de información geológica y la regulación de la minería informal.
En Ecuador, estas medidas fueron aplicadas por los gobiernos neoliberales. Primero en 1991 con la Ley 126 de Minería, y luego con sus reformas de 2000 y 2001. Entre 1995 y 2000 se implementaron el Proyecto de Asistencia Técnica para la Gestión Ambiental (PATRA) y el Proyecto para el Desarrollo Minero y Control Ambiental (Prodeminca), auspiciados por el Banco Mundial. Su objetivo era “modernizar la actividad minera, mejorar su gestión ambiental, y generar un mayor conocimiento de los recursos disponibles en el país”.
El Prodeminca incluyó la prospección en varios parques nacionales y reservas ecológicas. Se afectaron millones de hectáreas y cientos de comunidades. Una de las incursiones más dañinas fue en Íntag, donde las compañías mineras construyeron sus letrinas al pie del río Junín, lo utilizaron como botadero, contaminando la principal fuente de agua de las comunidades. En 2009, el gobierno de Rafael Correa apostó por la minería a gran escala al aprobar la Ley de Minería que rige hoy. Es una actividad estratégica para el modelo económico del país, que poco o nada toma en cuenta los costos sociales y ambientales de la actividad extractiva.
Para sostener ese modelo, el Gobierno Nacional de Ecuador definió cinco proyectos mineros estratégicos: Fruta del Norte, Mirador, Río Blanco, Quimsacocha y Panantza San Carlos. En marzo de 2012, Ecuador firmó el primer contrato de concesión para la explotación de cobre en el yacimiento El Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe, con la empresa china Ecuacorriente S.A. (ECSA). El proyecto Mirador tiene reservas de cobre que bordean los 4.500 millones. Para la explotación del mineral, ECSA invertirá 1.400 millones de dólares en los primeros cinco años. La producción inició en 2014 y se espera llegar al pico de extracción en 2016.
Según el Gobierno ecuatoriano, se invertirá 100 millones de dólares de las regalías anticipadas que la empresa debía pagar a finales de 2013 en infraestructura en las zonas de influencia del proyecto, para cumplir con las demandas insatisfechas de la localidad. El desembolso se haría a través del Banco del Estado y la empresa pública Ecuador Estratégico (EE). Esta última, por otro lado, ha invertido 768 millones en más de 1.000 proyectos para las comunidades cercanas a los sectores estratégicos de la Sierra, Costa y Amazonía. Es evidente que no hubo un diseño participativo y tampoco se consultó con las comunidades. Por eso hay resistencia. Parece que el Gobierno pretende lavar, con obras, los daños ambientales que causa la actividad minera.
La concesión de ECSA en el sector El Mirador durará 25 años. El líder indígena José Tendetza era reconocido por su lucha contra este proyecto de explotación minera y su plan de aprovechar, a cielo abierto, casi tres millones de toneladas de cobre de la Amazonía ecuatoriana. Tendetza se resistía a perder su territorio ancestral y permitir daños ambientales irreparables, porque sabía que la minería es contraria a la convivencia comunitaria, a la armonía con la naturaleza y desdibuja los conceptos sobre la igualdad social y redistribución de riquezas.
El 2 de diciembre de 2014, Tendetza fue encontrado estrangulado en el río Zamora. Pese a que su cuerpo tenía evidentes signos de violencia, las autoridades no hicieron una autopsia oportuna. Tendetza, como los demás asesinados, murió en Ecuador, un país que fue aclamado por tener una “Constitución verde”, que tiene un gobierno que dice proteger al medioambiente y que se comprometió a perseguir a los que dañan la biodiversidad.
El país en el que murió Tendetza es también el país que hoy respalda la explotación de sus reservas de petróleo, gas y minerales para pagar deudas masivas, sobre todo a China; el país que le paga a artistas internacionales para que se ensucien la mano en contra de una multinacional y los invita a lunchs en Petroecuador.
