La fuga del empresario peruano Martín Belaunde, quien guardaba detención domiciliaria mientras se tramitaba su extradición, debería haber sido la gota que colmó el vaso. El hecho, y la forma en la que sucedió, terminaron por dañar lo poco que quedaba de imagen de la Policía, amén de provocar la sustitución del Ministro de Gobierno y del Comandante de la institución verde olivo.
De acuerdo con el ahora ex ministro de Gobierno Hugo Moldiz, la fuga del súbdito peruano tuvo como objetivo su descabezamiento ante la incomodidad policial frente a una inminente reestructuración. Que la reestructuración es urgente, se sabe desde hace mucho, pues, lamentablemente, la institución del orden tiene en su contra una larga lista de prófugos que tuvieron mejor suerte que Belaunde y que se fugaron burlando a la misma Policía, que no obstante recapturó —en tiempo récord— al peruano. Independientemente de si hubo o no un sabotaje en contra de la autoridad saliente, el Presidente del Estado fue muy claro al expresar su molestia en contra de la evidente corrupción que se ha enraizado en la Policía Boliviana.
En medio de un panorama de malestar generalizado por las recurrentes denuncias de que actúa con eficiencia selectiva según el caso, la institución del orden no ha logrado ningún avance significativo de una gestión a otra, entre otras razones porque, a diferencia de lo que ocurre en casi cualquier país de renta media como Bolivia, el país no cuenta con estadísticas sobre criminalidad. Así, lamentablemente son las estadísticas sobre percepción de inseguridad ciudadana las que orientan la agenda de discusión sobre el tema, con sus limitaciones, pues se trata de lo que la gente opina y no necesariamente lo que sucede en verdad. Al mismo tiempo se percibe cierta falta de sensibilidad de las autoridades policiales, por cuanto no son capaces de plantear mejoras estructurales, a pesar de las múltiples promesas expresadas en tal sentido en los últimos años.
El Estado ha realizado esfuerzos significativos para dotar a la Policía de más recursos: drones, helicópteros, automóviles, armas, cámaras de seguridad, infraestructura y facilidades normativas para que sean las autoridades departamentales y municipales las que decidan qué recursos dotar a la institución del orden en función de las necesidades locales. Evidentemente éstos son avances.
Sin embargo, en definitiva, una política de seguridad ciudadana no solo requiere de recursos, sino también de una nueva Policía, que debería surgir de una verdadera reforma institucional que le proporcione un liderazgo firme y transparente, un uso eficiente de los recursos y, lo más importante, un nuevo marco institucional y normativo de relacionamiento con la sociedad. La vergüenza en la que el último episodio ha sumido a la institución debiera ser el punto de arranque de esa transformación. ¿Será posible?
