El martes, el Tribunal de Sentencia de Vallegrande condenó a tres jóvenes por los delitos de violación agravada, robo agravado y lesiones leves a una ciudadana estadounidense que trabaja como maestra en Santa Cruz de la Sierra. El caso es ejemplar de lo que hace (y deja de hacer) el sistema judicial boliviano y de lo difícil que es para una mujer hallar justicia.
En efecto, la sentencia de 25 años de cárcel para dos de ellos y de cuatro para el tercero (solo porque era menor de edad cuando se cometió el crimen) ha aparecido en los medios de comunicación como un logro de quienes demandaron justicia para esta mujer. Sin embargo, solo ha sido posible porque la propia víctima emprendió una campaña de sensibilización de la opinión pública, gracias a la cual sumó adhesiones de instituciones dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres, así como de algunas autoridades públicas.
En este sentido, el caso es ejemplar de cuán difícil es para una mujer lograr apoyo en su búsqueda de justicia si no cuenta, como el caso que aquí se comenta, con los recursos y los contactos para hacer visible su tragedia. De diversas fuentes se sabe que la mayoría de los casos de violencia sexual quedan impunes, precisamente por la falta de apoyo y recursos de las víctimas.
Asimismo, a lo largo del año y medio que duró el penoso proceso judicial, la víctima tuvo que lidiar con la lenidad, cuando no abierta corrupción, de los administradores de justicia a cargo de su caso. A ello se sumaron las múltiples formas de revictimización de la que fue objeto, comenzando por el cinismo de los imputados, que gozaban de protección de autoridades en Samaipata, donde ocurrió la violación; pasando por las desaprensivas declaraciones de un dirigente cívico preocupado por la imagen que del pueblo da la denuncia, y no el delito; y terminando por el abogado de los acusados, quien pretendió demostrar que la víctima estaba ebria cuando la abusaron.
Aquí también hay un ejemplo de lo difícil que es para cualquier mujer obtener justicia, no solo por la negligencia de los jueces y fiscales, sino sobre todo por el complejo entramado machista y patriarcal que protege a los agresores y naturaliza la violencia contra las mujeres.
Finalmente, ha sido ejemplar el efecto positivo de la gran movilización de opiniones y apoyos a favor de una sentencia contra los violadores, que muestra que es posible obligar a las autoridades a adoptar decisiones correctas cuando se hace visible el enojo y descontento de la población.
Queda la vergüenza para jueces, fiscales, munícipes, cívicos y abogados que intentaron dejar el caso en la impunidad. Queda el ejemplo de que aún hoy, pese a los importantes avances normativos contra la violencia hacia las mujeres, es casi imposible obtener justicia que sancione, porque aquella que busca la reparación es simplemente una utopía.
