Si para el Gobierno fuera importante la soberanía alimentaria, haría lo mismo que hace para consolidar la soberanía marítima: llamar a la mejor gente. Pero ningún directivo de las entidades que rigen la soberanía y seguridad alimentaria ha sido elegido por concurso de méritos. Prevalece la secular politización del sector que lleva a productores agropecuarios y forestales a una permanente frustración y escepticismo, sobreviviendo como pueden. Pasó lo mismo después de la reforma agraria, provocando que en su abandono el agricultor se refugie en el comercio, que está ahora totalmente arraigado en detrimento de la producción nacional.
Por eso lo que hoy exporta nuestro país es lo mismo de siempre: hidrocarburos y minerales, que representan el 83% de sus ingresos; y es capaz de vender a la Madre Tierra con tal de defender su adicción a este vicio. La pretensión de 2007 de cambiar la matriz productiva a través del Plan Nacional de Desarrollo es hoy una quimera burlesca. El amague de acercamiento al sector a través de la Cumbre Agropecuaria fue motivado por el descenso de los precios de las exportaciones tradicionales no renovables y no por un análisis serio de lo que no funciona para cambiar el molde y convertir en tradicionales a los productos renovables.
Las poses demagógicas han ocasionado que hasta ahora los avances sociales hayan quedado a medio camino. Ya no importan los pueblos indígenas ni sus tierras comunitarias de origen (TCO) como reservas de biodiversidad, porque ahora son lo que eran antes: tribus desarrapadas semisalvajes a las que hay que dotar de asfalto y cemento violando sus territorios, al mismo estilo extractivista de cualquier gobierno neoliberal.
El tratamiento del sector forestal es un claro reflejo de una política errante, que al iniciar su gestión emprendió con gran entusiasmo y pompa la revisión de la Ley forestal. Hoy se utiliza la misma del siglo pasado y al sector se lo excluye de foros, cumbres y planes, marcando un retroceso que se inicia en el cuoteo político de sus autoridades.
Al inicio del cambio se hicieron reformas trascendentales en la gobernanza de bosques, cuyos gestores son ahora en su mayoría comunidades indígenas. Pero la política forestal divagante, que por un lado difunde que la producción maderable es destruir el bosque y por otro se abre a la ampliación de la frontera agrícola, las está perpetuando en la pobreza, desaprovechando la gran oportunidad de reconciliar la conservación con el desarrollo a través del manejo forestal comunitario.
Y en aplicación de la vieja escuela mercantilista, se pretende demostrar la inviabilidad económica del sector forestal maderable y no maderable, comparando su rendimiento económico con los de actividades agropecuarias, excluyendo de los cálculos a los enormes servicios ambientales que brinda el bosque en la captura de carbono, la protección de cuencas y fuentes de agua y la regulación del clima. No interesa que la ciencia haya demostrado que al destruir los sistemas de regulación del clima estamos aniquilando toda posibilidad futura de producción alimentaria. No importa que se demuestre que las ecuaciones están mal hechas si no incluimos el valor económico de los servicios ambientales; no incumbe el futuro, sino la acumulación irracional de hoy. Por eso, la soberanía y seguridad alimentaria significan muy poco y se excluye de ellas a la mejor gente, para reemplazarla por inefables difusores de ideología que con sus peroratas exaltadas oscurecen la ciencia y tergiversan los números.
