El calentamiento global forma parte de los problemas mundiales de más difícil solución en vista de los poderosos intereses involucrados, la dimensión de los recursos financieros necesarios para hacer frente a sus consecuencias y la asimetría en las responsabilidades pasadas, presentes y futuras en términos de las causas que lo provocan y los daños que trae aparejado.
Por principio de cuentas, las corrientes más recalcitrantes de la derecha política en los países industrializados y los grandes monopolios petroleros se esfuerzan en negar que el aumento innegable de la temperatura del planeta esté relacionado directamente con las actividades humanas. Dicha posición no se sostiene ante la enorme cantidad de evidencia científica sobre el aumento de la temperatura global desde comienzos del siglo XIX, ocasionado primordialmente por la emisión de gases de efecto invernadero. También se sabe que China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón son responsables de la mitad de las emisiones globales de anhídrido carbónico.
En cuanto a las consecuencias del cambio climático, se menciona entre las principales el aumento del nivel y la acidificación de los océanos; la falta de agua, que incidiría en la salud y la seguridad alimentaria; el derretimiento de glaciares; las pérdidas de biodiversidad, y la contaminación de las vertientes de agua fresca.
Con miras a evitar dichos peligros, que afectarían en una medida mucho mayor a las poblaciones más pobres del mundo, se ha establecido el compromiso de que el aumento de la temperatura media de los últimos 200 años no supere los 2º C. A tales efectos se requiere un cambio radical de la matriz energética global, como requisito imprescindible para garantizar el acceso suficiente al agua dulce y la seguridad alimentaria de toda la especie humana. El tema se ha discutido desde los años 70 en el marco de las conferencias especializadas de las Naciones Unidas, y ahora existen algunas señales promisorias de que en la próxima Cumbre de París a fines de año se podrían acordar políticas y recursos de manera vinculante a fin de evitar los riesgos mayores del cambio climático.
El catálogo de recomendaciones es extenso, pero vale la pena reflexionar sobre las repercusiones que tendrán algunas de ellas. Por ejemplo, la generalización de fuentes energéticas renovables enfrenta la competencia de los marcos regulatorios y las subvenciones a los hidrocarburos, cuyo monto global anual superó en 2014 los $us 543.000 millones. Esta enorme suma de dinero beneficia de manera directa a las corporaciones más grandes de la industria petrolera, en un lado de la ecuación, y al transporte automotor público y privado, en el otro. Esta coalición de intereses es enormemente poderosa y se requerirá un paquete muy creativo de incentivos y penalizaciones para que admitan un cambio relevante en sus modos y hábitos de vida y de hacer negocios.
Por otra parte, las limitaciones a la deforestación y el establecimiento efectivo de nuevas áreas protegidas también enfrentan los obstáculos derivados de la expansión de la frontera agrícola por parte de empresas forestales, agropecuarias y pequeños campesinos de todo tipo.
Por último, el cierre de las brechas de bienestar y la erradicación de la pobreza requieren ritmos de crecimiento económico superiores al 6% anual a lo largo de varias décadas. El modelo de crecimiento imperante todavía en la mayor parte de los países atrasados es altamente consumidor de energía y recursos naturales. En cambio, un modelo de crecimiento austero en el uso de recursos naturales y con bajos niveles de contaminación ambiental no se ha inventado todavía. Para eso hace falta algo más que financiamiento. Habría que empezar el debate serio sobre el tema.
