Ayer comenzó en Cochabamba la quinta Cumbre de Seguridad Ciudadana, con la asistencia de al menos 300 delegados de las gobernaciones y municipios del país, quienes evaluarán lo avanzado desde la primera versión de este evento y, sobre todo, propondrán los pasos a seguir. En la primera jornada se habló de la necesidad de invertir mejor los recursos disponibles.
En efecto, aunque los organizadores, la Gobernación de Cochabamba, previeron que el tema de discusión este año sería no la carencia de recursos financieros para hacer frente a la inseguridad que afecta a la población, sino la falta de recursos humanos, el Viceministro de Seguridad Ciudadana informó que en el evento se discute la necesidad de una mayor inversión en tecnología para combatir el delito efectivamente. Para tal efecto, la autoridad dio a conocer en la víspera del encuentro que el año pasado gobernaciones y alcaldías no emplearon apropiadamente los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y destinados a Seguridad Ciudadana. Prueba de ello es que existen Bs 900 millones en un fondo.
Según el viceministro, el dinero proveniente del IDH debe ser invertido en la adquisición de cámaras de vigilancia, drones, motocicletas, vehículos, comunicación y otros destinados a lugares conflictivos o de alto riesgo. Asimismo, según la agencia de noticias ABI, los asistentes a la cumbre, que además de delegados de los gobiernos subnacionales son representantes del Gobierno nacional y de la Policía, coincidieron en la necesidad de concentrar esfuerzos entre instituciones para combatir el crimen organizado y prevenir el delito.
Asimismo, se informó que en las mesas de trabajo se debatirá la temática de la “conflictividad urbana” referida a los conflictos sociales, previsiblemente en el marco de los disturbios callejeros en La Paz provocados por los cívicos y mineros de Potosí, que afectan a la seguridad ciudadana y generan perjuicios en el desarrollo económico y la convivencia pacífica de los habitantes.
Sin embargo, es deseable que el punto prioritario de la discusión sea la violencia doméstica, particularmente contra mujeres, niños y niñas. El problema merece la mayor atención posible, considerando por ejemplo que solo en Cochabamba se han reportado 19 feminicidios en lo que va del año, y que en Santa Cruz durante los primeros seis meses de 2015 se han denunciado 5.272 casos de violencia intrafamiliar, contra la mujer y sexual.
Es evidente, pues, que detrás de la imprescindible acción policial hay un complejo entramado que incluye desde las instituciones de la sociedad civil hasta las actitudes y comportamientos de los individuos. El Estado tiene la obligación de velar por la seguridad de la población, pero los individuos también tienen el deber de no amenazar la vida y la tranquilidad de sus semejantes.
