Varios analistas se han encargado de explorar las implicaciones del conflicto que enfrenta el Gobierno con el Comité Cívico Potosinista; pero el conflicto mismo, que actualiza nuestra tradición rebelde, debería de haber encontrado una respuesta distinta por parte de una administración que, pese a los avatares, sigue reclamándose como un gobierno de los movimientos sociales. Además, su Vicepresidente figura como el estudioso más importante de estos movimientos, desde la publicación de su libro Sociología de los movimientos sociales en Bolivia.
Dicha publicación, en la que por cierto curiosamente el análisis de los movimientos bolivianos depende de marcos teóricos norteamericanos, presenta a Álvaro García Linera y a sus coautoras como los intérpretes de la memoria de las luchas sociales, sin que éstos tomen en cuenta, sin embargo, a los movimientos regionales, los cuales incluso son de más larga data que los propios movimientos obrero y campesino. Pero más allá de esta omisión, que podría justificarse por las circunstancias históricas que atravesaba el país hace diez años, lo que plantean los autores en dicha publicación entra en pleno contrasentido con las circunstancias actuales, dando la idea de que la teoría tiene únicamente una caprichosa y ocasional utilidad.
Y es que a través de los recursos que facilitan la mediatización de las acciones del Gobierno, García acusó al movimiento potosinista de no estar orientado ya por una reivindicación regional, sino de estar politizado. Sin embargo, en el libro mencionado afirma que los actuales movimientos sociales no son solo actividades de protesta y reivindicación, sino por sobre todo estructuras de acción política, por interpelar directamente al Estado. Esta afirmación, que no es propia de García sino derivada de la teoría de la Estructura de Oportunidades Políticas y de la Teoría Racional (según las cuales los movimientos actuarían en el umbral del sistema social y del sistema político), les otorgaría a los movimientos un carácter político que no se tendría que despreciar, sino considerar en términos de las acciones del Gobierno.
Por ello García afirma en su texto que debido a la ineficacia del Estado, la gestión de los asuntos públicos se traslada a las calles, desde donde los movimientos no solo son generadores de legitimidad política, sino también de deliberación democrática; pero el Gobierno lastima la legitimidad de un movimiento, a la usanza de cualquier administración neoliberal.
Precisamente, ante la asimétrica relación Estado-movimientos sociales, y sobre la base de la Teoría de la Movilización de Recursos, García afirma que un componente central de los movimientos consistiría en sus repertorios de acción, las cuales, debido a su confrontación con el Gobierno, derivarían siempre en múltiples estrategias que conducirían a la violencia en espiral. Ello, porque como plantea la Teoría de las Privaciones Relativas y que García secunda, la injusticia sería la fuerza moral del movimiento. Quizá por ello éste reconoció la “deuda histórica” del Estado con el pueblo potosino, aunque en la lógica del divide et impera, a la par clamó: “Hermanos de Potosí, están siendo engañados por gente irresponsable que solo busca violencia”.
Contradictoriamente, García asume en su libro que un movimiento es como una maquinaria social de producción de significados, autonomía, identidad y poder; pero visto académicamente. Visto políticamente, para García las sagradas instituciones del Estado se encontrarían amedrentadas por el movimiento potosinista que “no tiene más argumento que la dinamita; que no quiere ir al diálogo, sino atentar contra la vida, como hubieran atentado contra la vida del Presidente (…)”. En fin, demasiada teoría para demasiado pragmatismo.
Es doctor en Sociología.
