Es de conocimiento público que la bahía de Cohana, en el lago menor del Titicaca, enfrenta una severa contaminación por las aguas residuales, industriales y mineras provenientes de cinco municipios. Una auditoría ambiental elaborada por la Contraloría del Estado sostiene que las autoridades competentes han hecho muy poco para contrarrestar esta crítica situación.
En efecto, desde hace varios años, diferentes estudios e investigaciones advierten que la biodiversidad que se nutre y desarrolla alrededor y en el interior del lago Titicaca así como su capacidad de autolimpieza están seriamente amenazadas por la enorme presión, cada vez más grande, que los pueblos aledaños ejercen sobre sus aguas y recursos.
Por caso, con aproximadamente un millón de habitantes, El Alto cuenta con una planta obsoleta de depuración incapaz de descontaminar la inmensa cantidad de aguas residuales que genera todos los días. Además, a pesar de ser el centro industrial del departamento paceño (en 2014 se monitorearon la presencia de al menos 35 industrias, cuatro de ellas curtiembres y un matadero), la ciudad carece de un parque industrial que cuente con un sistema adecuado de limpieza. De allí que la mayoría de los desechos que genera la segunda urbe más poblada del país, domésticos e industriales, terminan sin un tratamiento adecuado en los ríos Seke y Seco, dos de los principales afluentes del Lago Sagrado de los Incas. A todo ello se debe añadir la gran cantidad de basura, orgánica e inorgánica, que los vecinos acostumbran a botar en los lechos de los ríos.
Y lo propio ocurre, en mayor o menor medida, con otros cuatro municipios de La Paz (Viacha, Laja, Pucarani y Puerto Pérez), que o bien tienen plantas de tratamiento obsoletas o sencillamente vierten sus aguas residuales a los ríos que desembocan en ese importante humedal sin ningún tipo de tratamiento. Para agravar aún más la situación, muchas de estas corrientes transportan metales pesados y sustancias tóxicas, como zinc y mercurio, generados por operaciones mineras que se desarrollan, la mayoría de manera ilegal, en inmediaciones de estos municipios.
Ante esta lamentable realidad, se esperaría que las autoridades responsables de garantizar la salud de la población y del medio ambiente adopten las medidas necesarias para contrarrestar este nivel de contaminación extremo. Sin embargo, las acciones que están ejecutado las instituciones del ramo (las alcaldías de los cinco municipios señalados; la Gobernación paceña; los ministerios de Medio Ambiente y Agua, Minería y Relaciones Exteriores; la Empresa Municipal de Aseo de El Alto, EPSAS y el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social), están resultando “ineficaces e insuficientes” (por decir lo menos), como bien alerta el mencionado informe de la Contraloría.
