De nada parece haber servido que con gran pompa y alharaca se hayan debatido y aprobado las leyes del Código Niño Niña Adolescente e Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, pues ambos sectores de la población siguen siendo noticia cotidiana en su calidad de víctimas de discriminación, abuso, maltrato, explotación y hasta asesinato..
En efecto, según datos de la Defensoría del Pueblo, en el país se registra a diario un promedio de 16 denuncias por agresiones sexuales a menores de 12 años; del total, una a dos niñas se encuentran en estado de gestación. El informe es del periodo 2013-2014 y lo que va de 2015, y está basado en la investigación de Misión Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés), los datos recogidos por defensorías de la Niñez y Adolescencia, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
A su vez, el Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (Padem) descubrió que entre 2014 y 2015 las denuncias de violencia contra la mujer se incrementaron en 30% respecto a los años anteriores en 140 municipios. El dato corresponde a la información preliminar recogida de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) de esos municipios.
Contra lo que podría parecer, al ver únicamente las cifras, como una “ola” de violencia o una “crisis”, es posible afirmar que se trata ni más ni menos que de una realidad cotidiana que permea a todos los sectores de la población sin importar identidad étnica o status socioeconómico. La violencia en todas sus manifestaciones pareciera ser inherente a la sociedad boliviana, y ciertamente sus víctimas son siempre en primer lugar las y los más débiles.
En el caso de las víctimas de violencia sexual, el panorama luce aun más sombrío al considerar que si bien los casos son denunciados para el posterior proceso, la situación jurídica de los agresores no prospera. Según la responsable del Programa Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, “el 90% de las audiencias se suspende por diversas ‘chicanerías’ de los abogados de la parte contraria y de los fiscales”.
En el caso de la violencia contra las mujeres, la responsable de la investigación del Padem aclaró que el incremento puede deberse a que las víctimas están tomando mayor conciencia de sus derechos y se atreven a denunciar cada vez más, pero, por el otro lado, también está el hecho de que solo el 6% de las denuncias llega a sentencia contra el agresor.
Hay, pues, un panorama que nos recuerda día tras día que no basta con tener la mejor normativa e incluso muchas instituciones dedicadas a monitorear el estado de cosas. La sociedad no está caminando hacia una vida libre de violencia, objetivo que no se logrará llenando las cárceles, sino educando a las personas, y eso demanda tiempo, recursos y, sobre todo, voluntad.
