Siempre se ha dicho que los problemas de la justicia en Bolivia no son nuevos, y por supuesto que las soluciones tampoco lo son. En abril de 1925 el doctor José Gabino Villanueva, candidato a la presidencia de la República, en su programa de gobierno para la gestión 1925-1929 ofrecía el acortamiento de los procedimientos judiciales, el establecimiento de los juicios orales y la constitución de jurados en el ámbito penal, la creación de institutos de corrección y rehabilitación penitenciaria y mucho más. El plebiscito electoral se llevó a cabo el 2 de mayo de ese mismo año, resultando Villanueva victorioso de una forma clara y abrumadora.
La expectativa generada por las propuestas del doctor Villanueva era muy grande, al ser uno de los fundadores del partido republicano, y porque antes había sido parlamentario y ministro; por lo tanto, era un hombre de vasta experiencia en el manejo público. Ante tan auspicioso comienzo el futuro gobierno prometía ser uno de los más memorables en cuanto a desarrollo y calidad de gestión en la larga historia de gobiernos ineptos y corruptos en nuestro país.
El futuro mandatario se puso manos a la obra seleccionando un gabinete técnico y sin parcialidades políticas para ejecutar su plan de gobierno. Esto molestó en grado al jerarca del oficialismo y todavía dueño del poder, Bautista Saavedra, quien viendo en peligro la continuidad de sus privilegios creó una triquiñuela legal para invalidar las elecciones, provocando que la reforma judicial prometida sea nuevamente postergada.
Estamos a muy poco de celebrar el segundo centenario de la fundación de Bolivia, y desde 1925, fecha en la que se hizo la citada propuesta de reforma judicial, no hemos avanzado significativamente en esta materia, pese a los esfuerzos y propuestas como la de implementar juicios por audiencia, al igual que sugería la propuesta de Villanueva.
Al contrario, en algunos aspectos hemos retrocedido seriamente. No puede significar otra cosa la decisión de aplazar hasta febrero de 2016 la puesta en vigencia de los llamados “Códigos Morales”, aduciendo la falta de socialización de las nuevas normas y deficiencias en la capacitación de jueces. Esto resulta increíble considerando que es la segunda vez que se posterga la vigencia de dichos códigos, desde agosto de 2014; sumándose a este descalabro el hecho de que los jueces ciudadanos ya no forman parte de los procesos penales, retornando a la práctica inquisitiva del “juez técnico supremo” que tiene el paradigma del “expediente judicial” como emblema del sistema judicial boliviano.
Por último, más allá de las buenas intenciones que se tengan al proyectar políticas institucionales y su respectiva ejecución, se debe tomar en cuenta la moralidad del operador de justicia. Es decir, no se puede llevar a cabo ninguna transformación judicial si los administradores de justicia siguen observando las viejas prácticas corruptas de hacer justicia. Por ello, es necesario tener imágenes e ideas nuevas, recurso humano sano que, de acuerdo con su capacidad profesional, lleve a cabo seriamente tan delicada como urgente tarea.
