La madrugada del 21 de julio de 2014, cinco efectivos ultrajaron en instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba a una muchacha de 23 años, quien supuestamente se había dirigido hasta ese lugar para solicitar un vaso de agua. En un principio se dijo que era una meretriz, pero luego se supo que se trataba de una muchacha con retraso mental. El pasado lunes, poco más de un año después, los responsables de esta violación colectiva fueron sentenciados por la Justicia Ordinaria a 16, 8, 2, 1 y 0,5 años de prisión.
Cabe celebrar que este caso se haya resuelto y que lo haya hecho con relativa premura, más aun tomando en cuenta lo poco efectivo que resulta el sistema judicial del país cuando de juzgar a policías o militares vinculados a presuntos delitos se trata (recuérdese por ejemplo que el ingreso irregular de 54 cadetes a la Academia Nacional de Policías en abril 2012 sigue sin resolverse, al igual que la muerte del subteniente Grover Poma en la Escuela de Cóndores, el 9 de febrero de 2011).
En cualquier caso, huelga resaltar que la resolución que aquí se comenta fue posible no precisamente gracias a los buenos oficios de la institución verde olivo, sino sobre todo gracias a la perseverancia y entereza de Julieta Montaño, directora de la Oficina Jurídica de la Mujer (OJM).
