En septiembre próximo y cercano se realizarán los referendos para la aprobación de estatutos autonómicos en cinco departamentos (La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Chuquisaca), y en dos autonomías indígenas (Totora Marka y Charagua). Se trata de un evento fundamental para el proceso de configuración institucional del segundo rasgo novedoso del Estado Plurinacional Comunitario: un modelo descentralizado con autonomías.
Vale la pena recordar que los otros rasgos del nuevo Estado son convencionales y corresponden a esquemas previos de diseño constitucional: unitario, social, de derecho, libre, independiente, soberano, democrático e intercultural. Lo novedoso es el carácter Plurinacional, y si bien el uso del segundo adjetivo (Comunitario, con mayúscula) se mantiene en la retórica gubernamental, no se ha traducido en configuraciones institucionales tan nítidas como aquellas referidas a las autonomías territoriales, tales como la construcción de nuevas instituciones de gobierno en el nivel subnacional (departamentales e indígenas) que se complementan con los gobiernos municipales autónomos, vigentes desde 1985 y ampliados desde 1995, con la
Ley de Participación Popular. Así es. Tres décadas transcurrieron para forjar una cultura de participación local y de manejo de lo municipal bajo pautas razonables, y con resultados exitosos.
Hace cinco años, mediante voto popular, se conformaron los gobiernos departamentales y se inauguraron las asambleas legislativas. Esta última novedad fue, sin duda, la principal transformación político-institucional, puesto que anteriormente existían autoridades ejecutivas departamentales —los prefectos— que eran designadas por el jefe de Estado (en 2005 fueron electos por única vez) y no estaban sometidos a un control multipartidario por la carencia, precisamente, de instancias legislativas en ese nivel. Ese andar recién se inició en 2010.
En este lapso de tiempo, los avances en desarrollo normativo en las asambleas legislativas departamentales fueron leves. Una muestra palpable de esa lentitud es el hecho de que recién en septiembre se aprobarán (o no) sus estatutos. Con la adecuación constitucional de los estatutos de Tarija y Santa Cruz (en el caso de Beni existe retraso) y la aprobación de los que serán sometidos a consulta popular se dará un salto importante para el fortalecimiento de los gobiernos departamentales.
De manera intuitiva se señala que el proceso de implementación de las autonomías es muy lento y se augura un fracaso. En esa veta, algunas voces opositoras, con la protesta cívica potosina como telón de fondo, plantean abrir un debate sobre el federalismo. Es decir, ni unitarismo ni autonomías.
Una propuesta a tono con nuestra tendencia a resaltar la inercia de los problemas estructurales y exigir soluciones raudas. Entonces, me puse a pensar acerca del tempo (el ritmo) y el tiempo que necesita una reforma institucional para materializarse y evaluar sus resultados, éxitos o fracasos. Se me ocurrió optar por las analogías, menos la biológica, obvio. Por suerte, hace un par de meses tuve el honor de asistir a la conferencia de un destacado economista acerca de los desafíos del país ante la recesión en Latinoamérica. Entonces tuve la osadía de apelar a su sapiencia para pedirle un cálculo aproximado de la cantidad de años que necesitaría una economía con patrón de desarrollo primario-exportador, como la boliviana, para transformarse en una economía de base ancha, con aparato productivo diversificado y sin dependencia de las exportaciones de materias primas. Con su característica sabiduría respondió que aproximadamente 25 años, considerando la actual tasa de crecimiento. Así las cosas, y sin asemejarme a Napoleón que solía decir en los momentos de urgencia guerrera: “despacio, que tengo prisa”, considero que es preciso adoptar cierta cautela y asumir que este asunto de las autonomías debe observarse como un proceso incremental que requiere ajustes en el camino y no augurios de muerte prematura.
