La denuncia a través de la investigación no está garantizada del todo en el periodismo boliviano. Hace tres años escribí sobre este tema, haciendo referencia a la falta de una ley de acceso a la información en el país. Y hoy nuevamente formulo esta afirmación, motivado por la publicación de una nota, el 11 de agosto, en la que denuncio cómo un sindicato de transportes en La Paz realiza cobros irregulares a sus afiliados. Allí el derecho de línea o el derecho a trabajar cuesta $us 2.000. El artículo fue redactado, entre otras fuentes, a partir de la entrevista a algunos dirigentes de ese gremio que admitieron el cobro, mientras que otros negaron el hecho.
Después de que salió publicada la nota, desde el mismo alcalde Luis Revilla, pasando por los dirigentes de la Confederación de Choferes de Bolivia rechazaron estos cobros ilegales, que no tienen ningún control. Pero durante los últimos días he recibido al menos ocho llamadas exigiéndome que revele la identidad del transportista que denunció a La Razón el manejo poco transparente de ese sindicato, porque la intención es “expulsarlo” de esa organización, según me dijo uno de los dirigentes por teléfono. Después, un abogado que dijo representar a estos transportistas también se comunicó conmigo para decirme que uno de sus altos dirigentes iba a tomar “medidas jurídicas”.
El Art. 8 de la Ley de Imprenta, vigente desde 1925, garantiza en Bolivia la “inviolabilidad del secreto de fuente”. La Constitución Política del Estado, en su Art. 107, también garantiza el trabajo de los periodistas. No obstante, creo sinceramente que el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción también debería investigar estos casos, que los tipifica como “privados”.
Desde hace dos años vengo insistiendo en que la investigación periodística con una dosis de narrativa debe ser la nueva herramienta de los periódicos, ante la avalancha de las redes sociales que amenazan al periodismo escrito; sin embargo, no tenemos garantías para realizar indagaciones periodísticas.
Hoy, ayer y mañana, los casos de corrupción no cesarán en entidades públicas y privadas, y para eso está el periodismo, para fiscalizar y visibilizar estos manejos poco transparentes; por eso creo que debe existir un mejor blindaje a quienes intentamos hacer investigación con pruebas y documentos.
Hay que seguir, no hay que desmayar, me dijo un viejo editor la semana pasada. Y tiene razón, el trabajo de este tipo de periodismo ciertamente tiene sus dificultades, pero uno no debe claudicar, porque al final nos debemos a los lectores, quienes también sufren diariamente el abuso de los transportistas.
