Según el último Censo, siete de cada diez personas tienen vivienda propia en La Paz. Del restante 30%, muchos viven en arrendamiento, ya sea alquiler o anticrético. Aunque no son mayoría, los casos de abuso y estafa por parte de malos inquilinos es la pesadilla de cualquier propietario. Un reportaje publicado ayer en este diario da cuenta de aberrantes prácticas, que incluyen, en varios casos, el pago de una suerte de “indemnización” de parte del propietario a su inquilino solo para que éste se vaya luego de algunos años de haber hecho uso de un inmueble.
El elemento común en la mayoría de los casos es el desconocimiento de la norma, que además data de la década de 1950. El Código Civil regula los contratos que debieran formalizar el acuerdo de arrendamiento y especificar obligaciones de las dos partes así como proteger a ambas, pero no siempre se realiza. Asimismo, la evasión fiscal, común a seis de cada diez arrendatarios, pone a muchos en peligro, pues si no es Impuestos que detecta la evasión y aplica una multa, los propios inquilinos amenazan con denunciar la no emisión de factura, llegando a la extorsión. A falta de una ley actualizada, las personas vinculadas por un alquiler solo pueden asegurarse con buenos contratos, tarea de profesionales en quienes hay que confiar.
