El 14 de julio, el Estado Plurinacional de Bolivia presentó su último informe al Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificado por Bolivia el 5 de enero de 1989, a través de la Ley Nº 1100. El comité es el mecanismo de supervisión del Sistema Internacional de Derechos Humanos a cargo de observar la aplicación y el seguimiento a las disposiciones contenidas en este tratado. El informe presentó en detalle los avances en la lucha por eliminar la discriminación contra las mujeres en distintos ámbitos. A su vez, el comité realzó sus aspectos positivos, pero también señaló varias áreas de preocupación, así como recomendaciones específicas para la acción del Estado.
Entre los aspectos positivos se encuentran las reformas legislativas en línea con los estándares internacionales de los derechos de las mujeres, sus esfuerzos por establecer un sistema de justicia plurinacional incluyente, la formulación de medidas especiales para aumentar la participación política de las mujeres y en las Fuerzas Armadas, el reconocimiento de la jurisdicción indígena que no contradice los derechos de las mujeres, así como el reconocimiento del fundamento patriarcal de la discriminación contra ellas.
Sin embargo, el comité expresó su preocupación sobre la necesidad de respaldar la efectiva aplicación de los avances legislativos con recursos humanos, técnicos, financieros e institucionales suficientes. El comité llamó la atención a la necesidad de formar y especializar a servidores públicos, personal del sistema de justicia, abogados, asambleístas y parlamentarios, así como a las mismas mujeres en los artículos de la convención, incluyendo su Protocolo Facultativo, a fin de promover de manera efectiva el conocimiento de los derechos de las mujeres a lo largo y ancho del país.
Una sección especial estuvo dedicada a señalar la ausencia de una estrategia integral para la prevención y la aplicación efectiva de la Ley 348 con medidas, instancias especializadas y mecanismos efectivos que garanticen una vida libre de violencia a las mujeres. Destacó la alarmante prevalencia de diferentes formas de violencia ejercida contra las mujeres del país, que incluye el feminicidio; el escaso personal capacitado en las distintas etapas de la ruta del sistema de justicia; la ausencia de datos actualizados de los casos reportados, judicializados, sancionados y las sentencias impuestas; y la ausencia de un conjunto de servicios de apoyo legal, psicológico y refugios suficientes para las víctimas de violencia; entre otros.
El comité realzó la limitada autoridad en la toma de decisiones por parte del mecanismo nacional para el avance de los derechos de las mujeres, así como sus restricciones humanas, técnicas y financieras. Además, la falta de mecanismos adecuados de participación, en especial de las mujeres afrobolivianas e indígenas y mujeres con discapacidad, a fin de acelerar el establecimiento de políticas públicas y un plan de igualdad de oportunidades en las esferas económica, política, social y cultural.
El comité también manifestó su preocupación sobre la persistencia de estereotipos sexistas sobre los que se asientan la discriminación, todas las formas de violencia y la desigualdad de género; la ausencia de datos oficiales que den cuenta sobre la magnitud de la violencia; y la resolución judicial de los casos de violencia, trata y tráfico de mujeres en general y con fines de explotación sexual en especial.
Entre las recomendaciones del comité se establece la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas para la aplicación de las leyes; acelerar la creación de juzgados y tribunales que garanticen el acceso de las mujeres a la Justicia sin discriminación en todo el territorio; velar por el establecimiento de un sistema de carrera profesional en los niveles bajos y medios de la judicatura; dar prioridad y asignar recursos humanos y financieros adecuados para el funcionamiento de los tribunales especializados que se ocupan de casos de violencia contra la mujer, de conformidad con la Ley 348.
En salud, las recomendaciones apuntan a la necesidad de fortalecer las medidas para reducir la tasa de mortalidad materna y asegurar la prestación de atención obstétrica esencial para las mujeres embarazadas, en particular en las zonas rurales y entre las mujeres indígenas y afrodescendientes.
Por otra parte, el comité destacó la importancia de introducir contenidos para la educación sexual integral en el currículo escolar, realizar campañas de sensibilización acerca de los métodos anticonceptivos modernos en lenguas indígenas, y aumentar el acceso a anticonceptivos seguros y asequibles. Además, recomienda modificar las disposiciones legales para despenalizar el aborto y asegurar que esta práctica esté legalmente disponible en caso de amenazas a la vida o salud de la mujer embarazada, violación, incesto y grave deterioro del feto.
Las recomendaciones y preocupaciones del comité de la CEDAW constituyen una hoja de ruta para orientar políticas y programas desde el Estado, en todos los niveles de gobierno, nacional y subnacional; acompañadas de un mecanismo de seguimiento eficiente para asegurar el avance en el ejercicio pleno e integral de todos los derechos de las mujeres.
