En este mes se conmemora un nuevo aniversario de la revolución del 14 de septiembre de 1810, que impulsó al pueblo de Cochabamba a romper vínculos con España y a reconocer como autoridad central a la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Cabe recordar que al tener dicha junta conocimiento del levantamiento cochabambino, envió a los insurrectos un elocuente mensaje: “El memorable día 14 de septiembre, en que la fuerte y valerosa ciudad de Cochabamba hermanó sus ideas con la de esta capital, hará desaparecer de sobre el suelo americano la tiraría y despotismo que por tanto tiempo la ha mortificado, y que brille la libertad patriótica a que aspira la nación”.
La Junta de Buenos Aires tenía razón porque, en efecto, la revolución de Cochabamba determinó el alzamiento de Santa Cruz de la Sierra que se efectuó el 24 de septiembre, y el de Oruro, realizado el 6 de octubre, los cuales también se plegaron inmediatamente a Cochabamba y a Buenos Aires. Y después de la batalla de Aroma, también La Paz prestó acatamiento a la junta bonaerense.
Han pasado 205 años de esos gloriosos acontecimientos que probaron la gran influencia de Cochabamba en el resto del país, explicables por ser esta ciudad el centro geopolítico de la nación, por estar situada casi a la misma distancia de La Paz que de Santa Cruz, Trinidad, Potosí, Oruro o Sucre. Es por este fundamental motivo que el Libertador Simón Bolívar propuso que en ese valle se erigiese la capital de la República. Y consecuente con ello, el Mariscal Sucre manifestó en su informe a la nación, que “el Gobierno mandó construir allí los edificios para el Cuerpo Legislativo”. Luego agregó: “Considerada Cochabamba como la capital de la República, se reunirá allí el Congreso Constitucional”.
Sabemos que los chuquisaqueños, quienes fueron los fundadores de Bolivia, decidieron que la capital fuese la Plata, la antigua sede de la Real Audiencia de Charcas. Pero esos padres de la patria no comprendieron que la futura Sucre era una ciudad pequeña y situada muy a trasmano. Por esta causa, la gran mayoría de los gobernantes del siglo diecinueve prefirieron residir en La Paz. Y de este modo, además, la ciudad de Murillo, en los albores del siglo veinte, se consolidó como sede permanente del gobierno central. Pero actualmente La Paz carece de condiciones para continuar siendo el centro oficial del país. Es una ciudad que ya no tiene espacio para una mayor extensión. Solamente queda El Alto, zona que se podría calificar de infrahumana para habitar por su excesiva altura y su gélido clima. La misma hoyada paceña, dentro de pocos años, será también inhabitable por sus grandes dificultades de tránsito. Y algo importante, los gobernantes de otros países que visitan al nuestro piden hacerlo en una ciudad de menor altura y de mejor clima.
Es preciso tener presente que no existe en Bolivia una sede oficial de gobierno. La Paz es sede de hecho, pero no de derecho. Por lo tanto, el cambio de asiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo a otra localidad no requiere de modificaciones a nuestra carta constitucional. Y ratificando a Bolívar, hay que reconocer que la situación geográfica en que se encuentra Cochabamba, que la convierte en un verdadero eje de la nación, la condiciona realmente para llegar a ser la nueva residencia del gobierno.
Se debe recalcar, por último, que si se mantiene el gobierno en esta capital, Bolivia se dividirá irremediablemente en dos polos hegemónicos rivales, La Paz y Santa Cruz, lo que podría tender a un peligroso separatismo. Además, el actual gobierno determinó ingenuamente que nuestro país fuese oficialmente un Estado Plurinacional; es decir, ha dado mayores facultades para una secesión, ya que las Naciones Unidas apoyan la separación de las naciones que se consideran humilladas y explotadas por las otras del mismo Estado. Mientras que si se instala la sede de gobierno en Cochabamba, el país contaría con tres ciudades de casi la misma dimensión e importancia, que encaminaría a un desarrollo más armónico y equilibrado de toda la nación.
