Entre las muchas amenazas que acechan a la población paceña hay una que tiene que ver con la proverbial inestabilidad de la mayoría de los suelos en la ciudad, pero también con la falta de precaución de constructores y, sobre todo, con la inexistencia de mecanismos de control efectivo, o voluntad de ejercerlo, de parte de las autoridades del Gobierno Municipal.
En efecto, episódicamente se tiene noticia de calles y viviendas que son afectadas por la irresponsabilidad de constructores que, por ganar terreno a las pendientes o tener más espacio subterráneo para sus edificaciones, excavan hasta que la tierra cede. Entre muchos casos se cuenta uno reciente en Obrajes que pudo haberse convertido en tragedia, porque al ceder un talud cayó un poste de electricidad y, simultáneamente, se rompió la tubería que transporta gas domiciliario. Una chispa pudo haber causado una explosión de magnitud inimaginable. Esos mismos días se denunció similares condiciones en la misma zona.
Lo mismo sucede una y otra vez en diferentes lugares de la ciudad, donde, por supuesto, no hay periodistas presentes para dar la voz de alarma y tampoco vecinos interesados en publicitar el peligro. El más reciente caso que ha sido conocido públicamente es el que se denunció el jueves último en nuestras páginas: tres familias de la zona Max Paredes están en riesgo de perder sus viviendas porque las obras de preparación de un terreno para la construcción de lo que probablemente sea un nuevo edificio causaron la caída del talud sobre el que se erigían.
El elemento indignante no está solo en que el deslizamiento se produjo porque el constructor, desoyendo la orden municipal de paralizar obras por el evidente peligro, comenzó a ejecutar los trabajos durante la noche, cuando no hay control de las autoridades, sino en que el Subalcalde de la zona declaró que los responsables de la obra “no tienen ningún plano autorizado y la Alcaldía deslinda totalmente la responsabilidad, ellos son los únicos responsables”, agregando que la oficina a su cargo no está legalmente facultada para hacer operativos nocturnos. Es decir, los vecinos están literalmente desprotegidos ante el abuso de constructores irresponsables.
Lo peor de todo es que, en el caso particular que se comenta, hace un mes que el gobierno local instruyó la construcción de un muro de contención para evitar la desgracia que hoy se lamenta. Nadie se preocupó de hacer seguimiento y asegurarse de que la instrucción sea acatada. El caso es el mismo en decenas de vecindarios por toda la ciudad.
Urge, pues, que el Gobierno Municipal revise las atribuciones que tiene para asegurar que todos los estantes y habitantes de la ciudad estén seguros en las casas que habitan y, sobre todo, que constructores e inversionistas inescrupulosos dejen de poner vidas en riesgo.
