Entre las décadas de los 60 y los 80, los países del cono sur sufrieron sangrientas dictaduras propiciadas por Estados Unidos, bajo la llamada “doctrina de la seguridad nacional”, que entrenaba asesinos en la Escuela de las Américas en Panamá. El Plan Cóndor fue el instrumento principal de la desaparición y asesinato de miles de personas. Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay han investigado y sancionado estos crímenes de lesa humanidad; solo en Bolivia han permanecido en el olvido e impunidad los responsables de la desaparición, asesinato, tortura y persecución de cientos de personas, a pesar de contar en los últimos años con un gobierno popular. El clamor del pueblo boliviano pide una Comisión de la Verdad ¡ya!, para que se investigue y encuentre la verdad de lo ocurrido, se sancione a los culpables, se repare a los afectados, y para que nunca más vuelva a ocurrir este tipo de agresiones contra la integridad de las personas y poblaciones.
En Chile no fue necesario un presidente revolucionario. Patricio Aylwin, mediante el Decreto Supremo 355, del 24 de abril de 1990, creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Las ocho personas presididas por Raúl Rettig recibieron a más de 3.400 familiares de desaparecidos y asesinados que presentaron múltiples casos, de los cuales 644 quedaron fuera de su competencia. También consultó archivos de más de 100 organizaciones de derechos humanos, académicas, políticas y religiosas. Chocaron con la poca colaboración de las Fuerzas Armadas, pero eso no fue inconveniente para elaborar un extenso informe en tres partes, donde por supuesto se demostró que el instrumento más feroz de la dictadura fue la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo jefe, el general Manuel Contreras, recibió una condena de 520 años de prisión, tras 58 sentencias definitivas por su implicación en miles de crímenes de lesa humanidad.
Lamentablemente, el caso de Contreras demuestra que aún en regímenes democráticos los militares conservan amplias porciones de autonomía y poder. Mamo, como le llamaban, murió a los 86 años el 7 de agosto, manteniendo su grado de general en retiro en un hospital militar, cualquier similitud con García Meza
no es pura coincidencia. Antes de incinerar sus restos le colocaron el traje de gala de general, exactamente como a Pinochet, quien murió en la impunidad absoluta.
Estos monstruos asesinos formados por el Ejército de Estados Unidos no tienen cara de arrepentimiento, dicen “sentirse orgullosos de su trabajo” y de haber salvado a la “patria” de las hordas comunistas. Su maestro Pinochet le daba clases de estrategia y compartían la preocupación por el triunfo de la revolución cubana. Por supuesto que Contreras se graduó, en 1967, de la Escuela de las Américas, definida, en palabras del congresista estadounidense Joseph Kennedy, como la entrenadora de dictadores y asesinos sin precedentes equiparables en el mundo. Esta institución preparó aparatos de Inteligencia para infiltrar y destruir organizaciones populares, actuó sobre los cordones industriales que respaldaban a la izquierda y, por supuesto, conspiró y articuló el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile que conmemoramos en estos días.
Cabe reiterar que de los seis países que formaron el nudo central del Plan Cóndor, Argentina se ha destacado en investigar a través de una Comisión de la Verdad las violaciones a los derechos humanos, sancionando con prisión a centenares de militares y civiles, además de 700 personas que aún se encuentran en proceso judicial. Perú, Paraguay, Brasil y Uruguay han organizado sus respectivas comisiones. Ahora es el momento de hacerlo en Bolivia.
¡Nunca más situaciones similares en el mundo. Memoria, verdad y justicia! ¡Comisión de la Verdad en Bolivia ahora!
