A diferencia de los países vecinos, Bolivia nunca pudo desarrollar adecuadamente una entidad de investigación y extensión agropecuaria y forestal para acompañar al productor con tecnologías de producción. Fue la cooperación internacional la que introdujo la primera etapa de un modelo basado en investigación y extensión (al sobrevenir una crisis alimentaria después de la Guerra del Chaco) con el Servicio Agrícola Interamericano (SAI, 1948-1975), que estableció estaciones experimentales en el altiplano, valles y oriente. Este primer intento fue el único basado en la ciencia, porque posteriormente se impuso, con cortos periodos de verdadera investigación, el clientelismo y el manejo político de la extensión agropecuaria, a través de entidades de diversos nombres según el gobernante de turno: Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA, 1975-1997), Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA, 2000–2007) y el actual Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), creado en 2008.
La situación fue un poco diferente en Santa Cruz, porque la cooperación internacional pudo mantener una entidad de investigación y extensión agropecuaria durante 40 años, desde 1976 con el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT). Este factor positivo tuvo además la influencia de distintas corrientes migratorias de colonos extranjeros y nacionales que innovaron e improvisaron diversas tecnologías, contribuyendo al desarrollo agropecuario local. Sin embargo, en la actualidad este aporte ya no está debidamente acompañado por el CIAT, cuyas autoridades departamentales repiten todos los vicios de las entidades del Estado, empezando por no priorizar su institucionalización.
Ante esta situación, los productores agropecuarios y forestales del país de tierras bajas y altas trabajan en absoluta orfandad, desconfiando de todo acercamiento de las entidades de investigación. No obstante, hoy más que nunca es necesario apuntalar la seguridad y la soberanía alimentaria con la innovación tecnológica para enfrentar el cambio climático, revertir la dependencia de recursos no renovables y recuperar la vocación agropecuaria y/o forestal de los municipios. Para esto es urgente reclamar al Estado que cumpla con su obligación, aprovechando las leyes que dictó el Gobierno cuando era de cambio, como el Plan Nacional de Desarrollo, decreto supremo de 2007 orientado a la transformación y diversificación de la matriz productiva que crea los consejos departamentales de innovación agropecuaria y forestal (CDI) como instancias legales de seguimiento a todas las entidades de investigación del llamado Sistema Boliviano de Innovación, que forma parte del Viceministerio de Ciencia y Tecnología.
Las organizaciones de productores agropecuarios y forestales deben fortalecerse con una visión consensuada hacia objetivos concretos de producción en su entorno particular, para ejercer un rol de reclamo permanente a través de los CDI y los instrumentos que da la Ley 341 de participación y control social. Estos mecanismos legales deben dinamizarse con carácter de urgencia, antes de que el manoseo político acabe de desmantelar lo poco que queda de laboratorios, bancos de germoplasma, certificación de semilla y todo el acervo tecnológico aportado por fundaciones, ONG y centros de estudios que priorizan la ciencia sobre la ideología.
