El 24 de septiembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, dará a conocer su decisión respecto a la excepción preliminar planteada por Chile dentro de la demanda presentada por Bolivia para obligar a Santiago a negociar de buena fe una salida soberana al Pacífico en favor del país. Luego de producidas las audiencias en mayo, los 15 jueces de la CIJ asumieron pleno conocimiento de la solicitud boliviana y también por supuesto de la excepción preliminar chilena. La solidez de los argumentos bolivianos, apoyados por datos históricos verificables, que dan cuenta de actos unilaterales inequívocos por los que nuestro vecino se manifestó favorable a resolver nuestro enclaustramiento, permite anticipar que el tribunal de La Haya no dará curso a la excepción de incompetencia.
Ahora bien, dos son las probables formas en que se expedirá la CIJ. La primera es que decida aplazar la consideración de la excepción de incompetencia hasta la emisión del fallo final que implicará su análisis junto al fondo de la causa. Ello porque ciertamente la cuestión que ha formulado Chile hace al meollo del asunto en litigio respecto así efectivamente Chile ya ha generado obligaciones de derecho internacional con sus actos unilaterales y bilaterales manifestados en distintas ocasiones. La segunda posibilidad es que la CIJ emita un expreso rechazo a la solicitud de incompetencia.
En cualquiera de las dos situaciones antes descritas la demanda de Bolivia se verá fortalecida, ya que habrá logrado llevar a Chile a debatir la cuestión de fondo. Entonces, la CIJ fijará las fechas para la presentación de la contramemoria, la réplica y dúplica correspondientes. El intento de Chile por bloquear la demanda a través de la excepción preliminar de incompetencia de la CIJ habrá fracasado.
La tercera y más remota posibilidad es que la CIJ dé curso a lo solicitado por Chile y se declare sin competencia para conocer la demanda boliviana. De asumir dicha postura, la corte de La Haya le estaría negando a Bolivia el acceso a un mecanismo pacífico de solución de controversias, contrariando principios básicos que sostienen el sistema jurídico internacional y que han permitido a Estados como Perú, Nicaragua, Colombia, Argentina y Uruguay, entre otros, acudir al principal órgano judicial de la ONU para solucionar cuestiones que no pudieron ser resueltas por acuerdo de partes.
Ciertamente, la expectativa está enfocada en el Palacio de la Paz y en el cercano 24 de septiembre. Y es que el Pacto de Bogotá, acuerdo multilateral que crea el sistema interamericano, se dotó de un mecanismo de resolución de disputas que incluye la posibilidad de acudir a la CIJ, camino que precisamente ha recorrido Bolivia.
A propósito, días atrás se escucharon voces de parlamentarios chilenos proclives a que su país abandone el Pacto de Bogotá, decisión que si fuera tomada por el Gobierno de Chile en nada afectaría el curso de acción que ha tomado el litigio internacional planteado por Bolivia.
