En un programa de televisión me sorprendió escuchar la opinión de un experto en migraciones quien dijo que el Gobierno de Venezuela vulnera los convenios internacionales de asilo por la expulsión de ciudadanos colombianos en la frontera común. La opinión del analista quedó como verdad absoluta.
El caso venezolano, donde existen lamentables problemas reales, es tal vez el más patético ejemplo de desinformación intencionada. En el caso de la frontera con Colombia se afirma que no se expulsó a quienes tienen estatus de refugiados. Son operativos contra la especulación y el contrabando, además el Gobierno venezolano decidió incluir en esta lucha a sicarios y narcotraficantes. Y no sería raro que en las redadas se hubiese afectado también a inocentes. Pero, como en cualquier frontera, existe una población flotante, sin los documentos de residencia en orden, susceptible a acciones migratorias.
Venezuela importa, a precio de mercado, buena parte de los alimentos que consume; muchos de ellos los subvenciona y luego son acaparados por mafias que los sacan de contrabando por la extensa frontera con Colombia: más de 2.200 kilómetros, con ganancias diarias multimillonarias. En Venezuela, la gasolina es casi regalada (un residente de Caracas comentaba que con lo que cuesta una cajetilla de cigarros puede llenar seis veces el tanque de su motocicleta). De allí que al pasar a Colombia, el contrabandista multiplica por más de 1.000 lo que pagó al otro lado de la frontera por la gasolina.
Hasta hace poco, al Gobierno venezolano se lo atacaba por “matar de hambre a sus ciudadanos que no tenían ni papel higiénico”. Sin embargo, cuando toma medidas para evitar que los alimentos fluyan hacia la especulación del contrabando, se lo acusa de vulnerar el derecho de asilo y de provocar una crisis humanitaria. No se menciona por ejemplo que residen legalmente en Venezuela 5.400.000 colombianos (en las últimas elecciones votaron en Colombia 14.781.020 personas).
Los analistas tampoco hablan de las causas del éxodo (extrema violencia por escuadrones de la muerte de ultraderecha, guerrilla y narcotráfico) y menos de la responsabilidad del propio Gobierno colombiano. El más elemental razonamiento es que la gente se va de su país en busca de mejores condiciones de vida. Y por alguna razón más de 5 millones de colombianos (la mitad de la población boliviana, para tener una magnitud) eligió a Venezuela como su nueva patria. Otro sesudo análisis dice que, con la expulsión, el Gobierno de Venezuela está buscando que Colombia le declare la guerra (sí, la guerra militar), y así poder desencadenar el patriotismo interno para ganar las elecciones legislativas de diciembre próximo, que “las sabe perdidas”
Hace poco más de un año, cuando tuvo lugar el intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, una importante cadena de radioemisoras difundió la versión de que 5.000 mercenarios cubanos, reservistas del Ejército, habían ingresado a Venezuela para masacrar estudiantes. Con el añadido de que eran mayores de 40 años porque los jóvenes ya no creen en el socialismo y podrían resistir las órdenes. Sigo esperando saber si los mercenarios viven en campamentos o si retornaron a su país y otra cantidad de detalles. Porque 5.000 es más del doble que los ciudadanos colombianos afectados en los operativos de la frontera.
